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Publicado el 18 de noviembre de 2026 a las 19:55

La venta de terrenos en cuotas, las promesas de lotes que todavía no existen legalmente y los emprendimientos que esquivan las exigencias de urbanización encendieron una preocupación entre los agrimensores de San Juan. Frente a este escenario, el Colegio de Profesionales de la Agrimensura (CPIA) trabaja en una propuesta para introducir cambios en los procedimientos de Catastro y evitar que se comercialicen parcelas por fuera de las condiciones establecidas.
Así lo explicó Francisco Girbert, presidente del CPIA, durante una entrevista en Es Lo Que Hay, donde describió una práctica que genera una fuerte desigualdad entre quienes cumplen con todos los requisitos para desarrollar un loteo y quienes buscan obtener ganancias evitando esas obligaciones.
El ejemplo que planteó es el de zonas donde Planeamiento establece superficies mínimas de 2.000 metros cuadrados para subdividir terrenos. Quienes buscan desarrollar un emprendimiento formal deben contemplar calles de 15 metros, obras de urbanización y distintos requisitos que elevan considerablemente los costos.
Sin embargo, según relató Girbert, aparecen otros vendedores que ofrecen pequeñas parcelas mediante contratos de promesa de venta o bajo la figura de condominio, sin haber realizado el loteo correspondiente.
«Yo te vendo el lote tal de la manzana tal», describió el agrimensor al explicar cómo se presentan algunos de estos negocios. El comprador cree que está adquiriendo un terreno individual, pero en realidad puede terminar compartiendo la titularidad de una propiedad con decenas de personas.
El dirigente aseguró que el problema no es nuevo y mencionó el caso de Garibaldi 5, donde detectaron un emprendimiento que ofrecía terrenos de aproximadamente 350 metros cuadrados. Según contó, el proyecto presentaba además una particularidad preocupante: un desagüe que figuraba en el terreno había sido eliminado, pese a que podía resultar necesario para evacuar excedentes de agua.
Desde el Colegio sostienen que estas prácticas perjudican a los profesionales y desarrolladores que sí cumplen con las exigencias legales, pero principalmente ponen en riesgo a quienes compran sin conocer la situación jurídica y física del terreno.
Por eso, Girbert recomendó consultar con un agrimensor antes de concretar una operación y verificar en Planeamiento y Catastro si existe un proyecto aprobado y un plano que respalde el emprendimiento.
La entrevista también puso el foco en los riesgos que pueden enfrentar las construcciones ubicadas en zonas cercanas a cauces o afectadas por el ascenso de las napas freáticas.
Girbert explicó que San Juan tiene sectores donde la revenición puede variar incluso entre terrenos vecinos. Mencionó zonas de Santa Lucía, Rawson, el Médano de Oro y sectores de Pocito como lugares donde deben analizarse las condiciones particulares del suelo antes de construir.
En esos sectores, Planeamiento puede exigir condiciones específicas, como cámaras sépticas en lugar de pozos negros, estudios de suelo y sistemas de drenaje para controlar el ascenso del agua.
También advirtió sobre construcciones que avanzan en sectores históricamente inundables o con características geológicas particulares. Como ejemplo, mencionó una zona cercana a calle 5 y 7, donde existen terrenos con presencia de turba, un material que puede generar combustión subterránea y problemas de estabilidad.
Por otro lado, planteó la necesidad de avanzar con la delimitación de las líneas de ribera de los principales ríos de la provincia. Este procedimiento permite establecer con precisión dónde termina el dominio público y comienza el privado, aunque su implementación implica costos elevados y estudios técnicos complejos.
El planteo cobra relevancia frente a los caudales que está registrando el río San Juan y la posibilidad de que las crecidas afecten terrenos cercanos a los cauces.
Para Girbert, contar con estas delimitaciones en sectores estratégicos permitiría reducir conflictos y evitar que particulares avancen sobre terrenos que pertenecen al dominio público.