La elección del próximo 25 de noviembre para renovar los dos representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura tiene una discusión que va más allá de los nombres de las listas: cómo se eligen los jueces, fiscales y defensores de San Juan. Franco Montes, expresidente del Foro de Abogados y candidato por Abogacía Activa, quiere llevar una propuesta para modificar el reglamento interno del organismo y establecer criterios más objetivos para evaluar a quienes aspiran a ocupar cargos en la Justicia.

El planteo no es menor. La modificación del sistema de selección de magistrados fue, precisamente, uno de los puntos que trabó las negociaciones entre los sectores opositores. Marcelo Arancibia y Federico Morfil esperaban una declaración expresa de la diputada peronista Fernanda Paredes, integrante del Consejo de la Magistratura, en respaldo a los cambios. La falta de esa definición terminó de frustrar la posibilidad de unificar las candidaturas opositoras.

En ese escenario, Montes puso sobre la mesa su propia propuesta. En diálogo con Tiempo de San Juan, sostuvo que existe un reclamo generalizado entre los abogados para revisar el mecanismo actual y anticipó que, si resulta electo, presentará un proyecto para discutirlo con los otros integrantes del Consejo.

«Se impone un cambio, no para eliminar completamente la discrecionalidad, porque no se puede, ni tampoco creo que fue la voluntad del legislador reducir o limitar el margen de discrecionalidad. Siempre va a existir un margen de discrecionalidad, en función de ciertos parámetros objetivos», explicó.

Uno de los puntos centrales de su iniciativa es darle mayor peso a la trayectoria profesional de los postulantes. Montes consideró que el ejercicio liberal de la abogacía fue históricamente subvalorado frente a los antecedentes de quienes desarrollaron toda su carrera dentro del Poder Judicial.

«El contacto con el ciudadano, el cliente, nos da otra mirada que creo que debe estar debidamente representada en las ternas», argumentó. Aclaró que no se trata de quitarle mérito a los profesionales que trabajan en la Justicia, sino de reconocer también la experiencia de quienes ejercen la abogacía de manera independiente.

La segunda pata de la reforma sería incorporar un examen escrito que permita medir los conocimientos técnicos de los aspirantes. Montes planteó que ese mecanismo debería complementarse con una evaluación más detallada de los antecedentes y entrevistas personales. Incluso mencionó la posibilidad de sumar evaluaciones psicológicas y psicotécnicas para analizar el perfil de cada candidato, teniendo en cuenta que las exigencias pueden variar según el cargo al que aspire.

Sobre quién debería elaborar y tomar ese examen, el candidato evitó fijar una postura cerrada. Mencionó como alternativa la participación de instituciones académicas, como la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo, aunque aclaró que la modalidad deberá discutirse dentro del propio organismo.

«Nosotros no vamos con una posición irreductible. Todos los que me conocen saben que yo soy una persona de diálogo y de consenso», afirmó.

Una reforma que necesita acuerdos

Montes también reconoció que llevar adelante los cambios no dependerá exclusivamente de los dos representantes de la abogacía que se elijan en noviembre. El Consejo de la Magistratura está integrado por cinco miembros: dos representantes de los abogados, uno de la Corte de Justicia, uno del Poder Ejecutivo y uno de la Cámara de Diputados. Para modificar el reglamento se necesita una mayoría de tres votos.

Por eso, el candidato insistió en que no buscará imponer una modificación por mayoría circunstancial, sino alcanzar un acuerdo entre todos los integrantes. Advirtió que una reforma aprobada sin consenso podría abrir la puerta a planteos de nulidad y generar inseguridad jurídica en los procesos de selección, incluso después de que los magistrados hayan asumido.

«Esto no tiene que ser una cuestión que se salga con fuerza, tiene que salir con el consenso interno», sostuvo.

También marcó un límite respecto de las expectativas que puede generar su candidatura. Recordó que la discusión sobre el sistema de selección de jueces viene desde su paso por la presidencia del Foro de Abogados, entre 2023 y 2025, pero aclaró que los consejeros no tienen facultades para impulsar por sí mismos una reforma legislativa.

«Como me considero una persona seria, no vengo a prometer cambio legislativo. Si somos elegidos, lo que está dentro de nuestra competencia y nuestras funciones, lo trataremos de mejorar: el sistema actual», señaló.

La propuesta de Montes llegará a las urnas en una elección que también expone las diferencias opositoras sobre el futuro del Consejo. Abogacía Activa lo lleva como candidato titular junto a Daniela Sánchez, mientras que Abogacía Transformadora y el sector justicialista competirán con Sofía Lloveras y Marcos Vital Bologna. La disputa definirá quiénes ocuparán las dos bancas de la matrícula durante los próximos cuatro años.