Con un pedido concreto del gobernador Marcelo Orrego como punto de partida, el Gobierno de San Juan reunió a representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la UOCRA y funcionarios provinciales para destrabar los problemas que demoran el inicio de la obra pública. La convocatoria tuvo lugar con dos objetivos sobre la mesa: que las empresas que ya tienen contratos comiencen a trabajar y que las que están en proceso de adjudicación aceleren los pasos para hacerlo.

De la reunión participaron los ministros de Infraestructura, Fernando Perea, y de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez; el titular de la UOCRA, Alberto Tavares, junto a integrantes de la conducción gremial; y la nueva conducción de CAMARCO San Juan, encabezada por Julián Rins, con representantes de distintas empresas constructoras.

El encuentro no estuvo exento de tensión. Desde el sector gremial habrían planteado situaciones vinculadas al pago incompleto de salarios, trabajadores registrados parcialmente y presuntos incumplimientos de las obligaciones laborales por parte de algunas empresas. Frente a esos reclamos, los funcionarios propusieron enviar inspectores de las áreas de Infraestructura y Hacienda para verificar las condiciones de contratación y el cumplimiento de los convenios colectivos.

Los empresarios, por su parte, expusieron dificultades administrativas y reclamaron mayor agilidad en los procedimientos provinciales, además de pagos en tiempo y forma. El planteo apuntó a reducir la burocracia para que los fondos lleguen con mayor rapidez y las obras puedan avanzar sin demoras.

En ese intercambio, Gutiérrez habría buscado despejar cualquier duda sobre la disponibilidad de recursos. Según trascendió, el ministro aseguró que la Provincia ya cuenta con el dinero del Bono San Juan y del financiamiento aprobado para obras, y remarcó que no tiene sentido mantener esos fondos inmovilizados en el banco cuando el objetivo es volcarlos a la actividad económica y la generación de empleo.

El funcionario también habría trasladado parte de la responsabilidad al sector empresario. Como ejemplo, mencionó las demoras que se produjeron en el proceso licitatorio de un tramo de la Ruta 40 Norte, cuya apertura pasó del 23 de octubre al 6 de noviembre a pedido de las empresas por cuestiones técnicas. El mensaje fue que el Gobierno tomó nota de los obstáculos administrativos planteados por las constructoras, pero también espera que estas cumplan con los plazos y compromisos asumidos.

La discusión tuvo como telón de fondo las próximas licitaciones, entre ellas las correspondientes al plan de 30 barrios de viviendas. Para el Ejecutivo, la prioridad es que las empresas que ya tienen obras adjudicadas comiencen a incorporar trabajadores y a ejecutar los proyectos, mientras se terminan de completar los trámites de las restantes.

Al cierre del encuentro, las partes habrían acordado avanzar con la puesta en marcha de las obras ya contratadas y acelerar los procesos de las que todavía están en etapa de adjudicación. La señal que bajó el Gobierno fue clara: los recursos están disponibles y la expectativa oficial es que se traduzcan cuanto antes en trabajo en la calle.