Después de dos jornadas atravesadas por cuestionamientos y diferencias entre Fiscalía y la defensa, este miércoles 11 de noviembre se concretó la formalización de las imputaciones contra los involucrados en la causa Acueducto Gran Tulum. Se trata de la tercera audiencia del proceso, en la que el Ministerio Público Fiscal finalmente pudo avanzar con la acusación individual contra los señalados por las presuntas irregularidades en la obra.

La jornada anterior había terminado con un cuarto intermedio dispuesto por la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien cuestionó la falta de claridad y precisión en la exposición de Fiscalía. A partir de esas observaciones, el fiscal Sebastián Gómez retomó este miércoles la presentación y detalló los delitos que le atribuyen a cada uno de los involucrados, entre ellos el exgobernador Sergio Uñac y exfuncionarios de distintas gestiones de Obras Sanitarias.

Según la acusación fiscal, los hechos investigados comprenden presuntas maniobras de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Las figuras y los grados de participación varían según el rol que Fiscalía le adjudica a cada acusado.

En el caso de Sergio Uñac, la acusación incluye tres delitos: defraudación por administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Fiscalía le atribuye la autoría de los hechos y sostiene que las figuras concurren de manera real.

El detalle de las imputaciones alcanza también a otros exfuncionarios de OSSE y representantes vinculados a la empresa Krah, adjudicataria de la obra:

• Fabián Mastelono, vinculado a Krah, fue señalado como partícipe principal de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
• Cristian Andino, expresidente de OSSE y actual diputado nacional, fue imputado por defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de autor y en concurso ideal.
• Humberto Caballero, exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actual juez laboral, fue acusado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
• Juan Carlos Caparrós, exdirector de OSSE, fue imputado por defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
• Guillermo Sirerol, expresidente de OSSE, recibió la imputación por defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor.
• Juan Antonio Sánchez, funcionario de OSSE, fue señalado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
• Francisco Javier Correa, funcionario y auditor técnico de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Vicente Caruso, jefe del Departamento Proyectos de OSSE, fue acusado como partícipe necesario de defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Sergio Ruiz, expresidente de OSSE y actual asesor del senador Uñac, fue imputado por defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

La situación del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino quedó pendiente. El exfuncionario no participó de las audiencias debido a un viaje que tenía previsto con anterioridad y, según se informó, será formalizado mediante un procedimiento diferente. Por el momento, no trascendieron los delitos que le atribuirá Fiscalía.

Una vez finalizada la exposición de las imputaciones, la jueza Lucero dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo martes, a las 14:30. La decisión se tomó luego de que las defensas de Guillermo Sirerol, Juan Sánchez y Sergio Ruiz plantearan un pedido de nulidad del proceso a partir de la recusación de la magistrada.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales y comenzó en diciembre del año pasado, luego de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, a partir de publicaciones periodísticas de Tiempo de San Juan sobre presuntas irregularidades en la megaobra.

Durante la primera audiencia, el fiscal Sebastián Gómez había sostenido que entre 2013 y 2023 se gestó una «extraordinaria administración fraudulenta» mediante un supuesto «plan criminal» que, según la hipótesis de la acusación, habría beneficiado a algunos de los involucrados. La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, posibles sobreprecios y si los materiales utilizados cumplían con las condiciones exigidas.