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Publicado el 14 de octubre de 2026 a las 17:44

El conflicto de los colegios preuniversitarios de San Juan sumó un nuevo capítulo en la Justicia Federal. Con más de 40 días de medidas de fuerza contabilizados por los padres, el reclamo ya no pasa solamente por las aulas vacías: ahora la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) debe explicar cómo piensa garantizar que los estudiantes completen el ciclo lectivo.
En diálogo con Es Lo Que Hay, el abogado Mariano Domínguez, representante de las familias que impulsaron un amparo colectivo, confirmó que la Justicia otorgó una medida cautelar y que la Universidad tiene cinco días desde la notificación para presentar su respuesta.
El planteo alcanza a los tres establecimientos preuniversitarios: el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín.
Domínguez precisó que hay más de 300 padres organizados y movilizados, aunque el amparo fue firmado por un grupo menor, por una cuestión de estrategia procesal.
El abogado explicó que la modalidad colectiva busca que la resolución alcance al conjunto de los estudiantes representados, y no solamente a los hijos de quienes firmaron la presentación judicial.
El argumento central es el incumplimiento de los días mínimos de clases. Según Domínguez, la normativa nacional establece un piso de 180 días, mientras que el Consejo Federal de Educación fijó un parámetro de 190. A su entender, las jornadas perdidas ponen en riesgo el cumplimiento de esas exigencias y la formación de los alumnos.
Uno de los puntos que Domínguez buscó aclarar durante la entrevista es que la presentación judicial no pretende desconocer el reclamo salarial de los docentes universitarios.
“Ningún derecho es absoluto”, sostuvo el abogado al explicar que, desde su perspectiva, el derecho a huelga debe compatibilizarse con el derecho de los chicos a recibir educación.
Incluso señaló que algunas familias acompañaron movilizaciones vinculadas con el reclamo universitario. La preocupación, afirmó, pasa por evitar que los estudiantes terminen pagando las consecuencias de una disputa que involucra a los gremios, la Universidad y el Gobierno nacional.
La discusión, por lo tanto, tiene dos planos: el reclamo por salarios y financiamiento universitario, por un lado, y la obligación de garantizar la continuidad educativa, por el otro.
Con la cautelar otorgada, la UNSJ deberá explicar ante la Justicia qué medidas propone para afrontar la pérdida de clases. Después de conocer esa respuesta, los padres podrán plantear sus observaciones y el juez tendrá que evaluar los pasos siguientes.
Por ahora, no hay un cronograma de recuperación confirmado en la entrevista ni una definición sobre cómo se reorganizarán las jornadas y los contenidos pendientes.
Tampoco está resuelto cómo se compatibilizaría una eventual recuperación con las actividades habituales de los colegios y las medidas de fuerza que puedan continuar.
Mientras tanto, el calendario avanza y la preocupación de las familias crece. La pregunta que queda planteada es sencilla, aunque la respuesta no lo sea: ¿cómo hará la UNSJ para que los alumnos terminen el año con las clases y los contenidos que necesitan?
La Justicia ya pidió explicaciones. Ahora, la Universidad tiene que poner una propuesta concreta sobre la mesa.