La Justicia citó a declarar al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y a otras diez personas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. Las notificaciones comenzaron a realizarse este viernes y alcanzaron a exfuncionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), un exministro de Infraestructura y un representante de la empresa Krah América Latina S.A., adjudicataria de la provisión de las tuberías.
La causa es investigada por los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes este viernes mantuvieron una reunión con el fiscal general Guillermo Baigorri para analizar el avance del expediente y el procedimiento a seguir.
Entre los citados se encuentra Sergio Mauricio Uñac, en su carácter de exvicegobernador y exgobernador de San Juan. Actualmente ocupa una banca como senador nacional. También fue notificado Julio César Ortiz Andino, quien se desempeñó como ministro de Infraestructura de la provincia entre 2015 y 2023.
La lista incluye además a Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma que resultó adjudicataria de la obra y que tenía como representante en San Juan a Gustavo Horacio Monti, primo de Uñac y fallecido este año.
También fueron citados varios exintegrantes de la conducción de OSSE. Se trata de Cristian Felipe Andino, quien presidió el organismo entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 y actualmente es diputado nacional; Sergio Fabián Ruiz, presidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019 y actualmente asesor del senador Uñac; Juan Carlos Caparros, quien estuvo al frente del organismo entre febrero y diciembre de 2019; y Guillermo Nicolás Sirerol, presidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023.
La nómina se completa con Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actualmente juez laboral; Juan Antonio Sánchez, funcionario de OSSE vinculado a la implementación del proyecto del Acueducto; Francisco José Javier Correa, funcionario del organismo que se desempeñó como auditor técnico y gerente de Obras; y Rolando Vicente Caruso, jefe del Departamento Proyectos de OSSE.
Las citaciones se producen mientras la Fiscalía avanza en una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia en diciembre de 2025. La presentación apunta a posibles irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra financiada en parte con un crédito internacional de 100 millones de dólares que la Provincia ya comenzó a pagar.
Uno de los ejes de la investigación está puesto en la provisión de las tuberías por parte de Krah América Latina y en el vínculo de la empresa con Gustavo Monti. Un expediente de OSSE de 2016 documentó que Monti actuó como apoderado de Krah en una instancia vinculada a la obra.
A esto se sumaron cuestionamientos técnicos sobre las cañerías. En marzo de este año se conoció un informe solicitado por OSSE que señalaba que las tuberías analizadas no serían aptas para el transporte de agua potable y que corresponderían a usos cloacales o de desagües. Sin embargo, posteriormente una certificadora, Bureau Veritas, sostuvo que las tuberías eran técnicamente aptas, mientras que la Justicia solicitó una pericia del INTI para avanzar sobre la cuestión.
La investigación también analiza el proceso de licitación y otros aspectos vinculados a la ejecución de la obra. En junio, además, trascendió la existencia de una pericia realizada en 2020 sobre una de las cañerías, que había advertido sobre problemas en las uniones y su resistencia a la presión del agua.
Según informaron desde Fiscalía, los hechos que se atribuyan eventualmente a cada una de las personas citadas, la calificación jurídica, el grado de participación y los elementos de prueba serán comunicados durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria ante el juez de Garantías.
Una vez realizada esa audiencia, los fiscales anticiparon que brindarán información pública sobre los aspectos centrales de la investigación, dentro de los límites establecidos por la legislación y procurando preservar el avance de la causa.
