Lo que comenzó con unas actas labradas durante la Fiesta Nacional de la Tradición 2025 terminó recorriendo los tribunales y ahora suma dos decisiones favorables para la Municipalidad de Jáchal y la posición que sostuvo el intendente Matías Espejo.

El primer capítulo se produjo en noviembre del año pasado, cuando la Policía labró las actas de infracción 87/25 y 88/25 por personas que se encontraban realizando tareas vinculadas a la seguridad en el Anfiteatro Buenaventura Luna. El episodio llegó al Juzgado de Paz Letrado de Jáchal y fue justamente ese expediente el que después terminó siendo utilizado como sustento de una denuncia penal contra el municipio.

En septiembre de 2026, el Juzgado de Paz resolvió declarar la falta de mérito de las personas involucradas en las actuaciones contravencionales. En el expediente se incorporó documentación municipal que daba cuenta de una contratación de personal para tareas de “servicio de eventos y protocolo” y se sostuvo que no quedó acreditado que se hubiera prestado un servicio de seguridad privada en los términos denunciados.

La resolución, además, señala que no pudieron tenerse por acreditados los hechos que dieron origen a las actuaciones ni la responsabilidad de los involucrados en una infracción al Código de Faltas. Por eso, dispuso la falta de mérito y el archivo de las actuaciones.

Pero el segundo round llegó por otro carril.

Los concejales opositores Gema Casas y Felipe Táñez Ruiz, junto a Cristian Figueroa, habían presentado en febrero de este año una denuncia ante la UFI Norte. El planteo buscaba determinar si detrás de las actas existía una contratación irregular de seguridad y si podían configurarse delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos o administración fraudulenta.

La Fiscalía abrió una investigación previa y analizó la documentación aportada. Sin embargo, terminó concluyendo que no había elementos para avanzar con una investigación penal.

El argumento central fue que las actuaciones vinculadas a las actas 87/25 y 88/25 todavía estaban siendo tramitadas por el Juzgado de Paz de Jáchal, que es el órgano competente para intervenir en este tipo de infracciones. La propia UFI remarcó que la normativa sobre servicios de vigilancia y seguridad tiene carácter no penal y que, si durante ese trámite apareciera un hecho que pudiera constituir un delito, corresponde dar intervención a la Justicia ordinaria.

Para la Fiscalía, eso todavía no había ocurrido.

De hecho, el dictamen señala que las actuaciones contravencionales continuaban en trámite y que no existía, hasta ese momento, una remisión de esos antecedentes al Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de un delito.

También cuestionó que la denuncia penal se apoyara en hipótesis de posibles delitos sin que se hubieran incorporado elementos suficientes para individualizar un hecho penal concreto. El dictamen remarca que el derecho penal no funciona como una instancia de investigación preventiva sobre hipótesis.

Con esos argumentos, la UFI Norte resolvió desestimar la promoción de la instancia penal.

Dos expedientes, dos decisiones

Así, el expediente que puso bajo la lupa la organización de la seguridad de la Fiesta de la Tradición terminó tomando un rumbo diferente al que planteaban los concejales denunciantes.

Por un lado, el Juzgado de Paz declaró la falta de mérito de las personas alcanzadas por las actas. Por otro, la UFI Norte desestimó la denuncia penal contra el municipio, al entender que no había una conducta penalmente investigable con los elementos reunidos y que el trámite contravencional debía continuar por su vía correspondiente.

Esto último es importante: la resolución de la Fiscalía no dice que las actas originales nunca existieron ni que el episodio quedó resuelto en todas las instancias. De hecho, el propio dictamen señala que la causa contravencional seguía en trámite al momento de resolver la cuestión penal.

Para Espejo, que desde el comienzo sostuvo que el municipio no había contratado una empresa de seguridad privada para la fiesta, el escenario judicial ahora suma dos resoluciones que respaldan, en distintos planos, la posición oficial sobre el episodio.