El intendente de Angaco, José Castro, sumó una nueva denuncia penal en su contra y esta vez hay un nombre mediático detrás de la presentación: Roberto Castillo, abogado de Facundo Nievas y pareja de la modelo y conductora Cinthia Fernández, llegó a San Juan para tomar la defensa del empleado municipal condenado a cuatro años de prisión y, en paralelo, denunciar al jefe comunal.

Castillo realizó dos presentaciones. Por un lado, interpuso un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la condena de Nievas por peculado. Por otro, presentó una denuncia penal contra Castro por presuntos hechos de corrupción vinculados al supuesto uso de empleados, vehículos, herramientas, maquinaria y horas de trabajo municipales para realizar tareas particulares.

La nueva denuncia se suma al historial judicial que ya tiene al intendente de Angaco como protagonista y vuelve a cruzarse con el expediente que terminó con Nievas condenado. Castro tiene una causa iniciada por hechos de 2019, en la que está acusado por el presunto uso de maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un terreno privado. En ese expediente se lo investiga por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ahora, desde la defensa de Nievas apuntan nuevamente al supuesto uso de recursos municipales para fines privados, pero con Castro como denunciado. Según el planteo de Castillo, durante la gestión del intendente se habrían destinado trabajadores, vehículos, herramientas, maquinaria y horas de trabajo pagadas por el Estado a tareas que no tenían una finalidad pública.

El punto central de la denuncia es determinar quién ordenaba o autorizaba esos trabajos, qué empleados participaban, qué vehículos y maquinaria eran utilizados y quiénes eran los eventuales beneficiarios. Para reconstruir esos hechos, la defensa pidió investigar registros de vehículos y combustible, partes de trabajo, legajos de empleados, órdenes internas y testimonios.

El planteo también incluye el relato de Nievas sobre presuntas presiones que habría recibido para realizar trabajos particulares. Según sostuvo su abogado, el empleado se habría negado a continuar con algunas de esas tareas y, a partir de entonces, habría sufrido consecuencias laborales. La defensa también pide investigar si existió una relación entre esas negativas y la posterior situación judicial de Nievas.

Ese punto forma parte de la hipótesis planteada por la defensa y deberá ser corroborado judicialmente. Para establecer una eventual responsabilidad penal de Castro no alcanzaría con demostrar que empleados municipales realizaron trabajos particulares: será necesario determinar quién tomó las decisiones y qué intervención tuvo cada funcionario.

El caso de Nievas tiene además un antecedente que ahora vuelve a quedar en discusión. El empleado municipal fue condenado a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua por peculado, luego de que la Justicia determinara que había utilizado empleados, maquinaria y 1.116 metros de cañería municipales para realizar una conexión de agua en un terreno particular, en mayo de 2023.

A partir de ese expediente, la gestión de Castro había presentado una denuncia contra exfuncionarios de la administración anterior para determinar si conocían, autorizaron o facilitaron los trabajos por los que Nievas terminó condenado. Mientras el municipio apuntaba contra funcionarios de la gestión anterior, ahora el abogado de Nievas apunta directamente contra Castro.

La defensa también cuestiona la condena y puso el foco en el denominado Callejón Nievas. Castillo sostiene que durante 2022 existieron actuaciones administrativas vinculadas a un pedido de vecinos y que ese espacio habría pasado a formar parte del patrimonio municipal. Entre los antecedentes mencionados figuran el expediente 4272/2022 y la Resolución 0450/2022.

Con esa documentación, el abogado busca discutir la interpretación de que Nievas hubiera dispuesto por cuenta propia de trabajadores, maquinaria y materiales municipales. Según su planteo, el empleado no tenía facultades para tomar ese tipo de decisiones.

Por eso, además de denunciar a Castro, Castillo presentó un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte Suprema revise la condena de su defendido. El abogado cuestionó que se haya dictado una pena de cumplimiento efectivo y sostuvo que existían elementos documentales que no fueron valorados durante el proceso.

“Un inocente preso es una tragedia para la administración de justicia”, afirmó Castillo durante una entrevista con Radio Mil20.

Ahora, la nueva denuncia contra Castro deberá atravesar su propio camino judicial. La Fiscalía tendrá que determinar si los hechos denunciados ocurrieron, si efectivamente se utilizaron recursos públicos para fines privados y, fundamentalmente, quién tomó las decisiones.

Para el intendente de Angaco, el expediente abre un nuevo frente judicial. Para Nievas, en tanto, la llegada de Castillo implica dos movimientos simultáneos: intentar revertir la condena que lo mantiene preso y llevar a la Justicia una denuncia contra el jefe comunal.