El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir en todo el país el próximo 5 de septiembre, pero en San Juan todavía resta un paso clave: la sanción de un Código Procesal Penal Juvenil que establezca cómo se aplicará la nueva normativa dentro de la provincia. Ante la proximidad de la fecha, el Gobierno provincial ya tiene redactado un proyecto y la Corte de Justicia prepara una solución transitoria para los primeros días de implementación.

El asesor letrado de San Juan, Alejandro Ferrari, explicó en el programa La Picada que la provincia comenzó a trabajar en el proyecto ante la falta de avances legislativos y frente a la decisión de mantener la fecha de entrada en vigencia de la ley nacional. Según detalló, el texto ya está redactado y actualmente es analizado por los organismos que tendrán intervención en el nuevo sistema.

La propuesta fue puesta a consideración de la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, las defensorías, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. También colaboró en su elaboración el abogado penalista Fernando Castro, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de San Juan.

Qué pasará el 5 de septiembre

El principal problema que enfrenta San Juan es que el Régimen Penal Juvenil nacional comenzará a aplicarse antes de que la Legislatura provincial sancione el Código Procesal que debe establecer las reglas concretas del procedimiento.

Ferrari explicó que, desde el punto de vista constitucional, lo ideal sería contar primero con la normativa provincial. Sin embargo, ante la proximidad de la entrada en vigencia, la Corte de Justicia prepara una acordada para establecer de manera provisoria cómo se tramitarán estas causas mientras la provincia avanza con su legislación.

“La solución constitucional es esa”, señaló Ferrari al referirse a la necesidad de contar con el Código Procesal, aunque aclaró que la existencia de una estructura judicial y administrativa que ya trabaja con menores permite establecer un mecanismo transitorio.

La acordada tendrá carácter temporal y permitirá ordenar la aplicación inicial del nuevo régimen hasta que el proyecto sea tratado por la Cámara de Diputados.

El proyecto ya está redactado

La provincia no parte de cero. El proyecto de Código Procesal Penal Juvenil ya fue elaborado y comenzó una etapa de revisión entre los organismos involucrados.

La intención del Gobierno es recibir durante los próximos días las observaciones de cada área y, una vez incorporados los aportes, enviar el texto a la Legislatura. Ferrari señaló que el objetivo es que el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados durante septiembre.

A partir de ese momento, el tratamiento y los tiempos quedarán en manos de los legisladores. El funcionario remarcó que la intención es evitar que la provincia permanezca durante un período prolongado bajo un esquema provisorio.

Una nueva estructura judicial

Uno de los cambios que deberá afrontar San Juan está relacionado con la estructura de la Justicia. El nuevo sistema requiere que quienes intervengan en los procesos tengan especialización en materia penal juvenil.

Ferrari explicó que la provincia cuenta actualmente con tres jueces vinculados al sistema de menores, pero que esa estructura resultaría insuficiente para el funcionamiento del nuevo esquema.

El proyecto contempla la necesidad de ampliar el número de magistrados, entre otras razones porque determinados casos pueden requerir tribunales integrados por tres jueces y, al mismo tiempo, una instancia de revisión de las decisiones.

La propuesta es que las apelaciones sean resueltas por otros jueces especializados y que la Corte de Justicia mantenga su intervención como tribunal de casación. Mientras se completa la estructura, Ferrari reconoció que podría recurrirse de manera provisoria a integrantes de las cámaras que intervienen en causas de adultos, aunque aclaró que no es la alternativa ideal por la falta de especialización específica.

Dónde serán alojados los adolescentes

La nueva normativa también obliga a modificar las condiciones de alojamiento. Los adolescentes privados de su libertad no podrán compartir espacios con adultos y deberán permanecer en establecimientos adecuados para jóvenes.

En San Juan, Ferrari indicó que el Instituto Nazario Benavídez fue remodelado y que se están realizando obras complementarias para adecuarlo a las nuevas exigencias. Ese espacio sería destinado al alojamiento de varones.

Para las adolescentes, la provincia trabaja en el acondicionamiento de otro lugar. Ferrari aseguró que, si fuera necesario, se recurrirá al alquiler de un espacio para garantizar el alojamiento correspondiente.

La cuestión adquiere relevancia porque, aunque el nuevo régimen prioriza medidas alternativas, también contempla la privación de la libertad para determinados casos.

El régimen no se limita a la prisión

La nueva legislación establece distintas respuestas frente a los delitos cometidos por adolescentes y busca limitar el uso de la privación de la libertad. Entre las medidas previstas aparecen alternativas como trabajos comunitarios, reparación del daño, restricciones de acercamiento, monitoreo electrónico y otras medidas de seguimiento.

Cuando corresponda una pena privativa de la libertad, deberá cumplirse bajo condiciones específicas y separada de los adultos.

El proyecto procesal que prepara San Juan busca establecer los mecanismos para que esas medidas puedan aplicarse efectivamente en la provincia y no queden solamente previstas en la ley nacional.

El rol del Estado y los supervisores

Otro de los desafíos será poner en funcionamiento el seguimiento de los adolescentes alcanzados por las medidas. El régimen nacional contempla la figura del supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar la evolución de cada joven.

Ferrari explicó que la provincia analiza cómo distribuir esas funciones. Por un lado, la Corte podría recurrir a los equipos que ya trabajan en cuestiones de minoridad dentro del Poder Judicial. Por otro, el Ejecutivo prevé asignar tareas específicas a personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

El objetivo será realizar un seguimiento de cada caso y articular medidas vinculadas con la educación, la capacitación laboral, el deporte, la atención psicológica y la reinserción social.

La implementación será provisoria hasta que haya una ley provincial

Así, San Juan llegará al 5 de septiembre con el Régimen Penal Juvenil nacional vigente, pero sin el Código Procesal Penal Juvenil sancionado. La respuesta será una implementación transitoria acordada entre la Corte y el Poder Ejecutivo, mientras avanza el proyecto que deberá ser tratado por la Legislatura.

Ferrari aseguró que los distintos organismos ya trabajan para que la transición no genere un vacío y sostuvo que existe una decisión conjunta de garantizar tanto los derechos de los adolescentes como la respuesta que la comunidad espera frente a los delitos.

El desafío inmediato será, entonces, poner en marcha el nuevo régimen y, al mismo tiempo, construir la estructura procesal que San Juan necesitará para que su aplicación deje de depender de una solución provisoria.