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POLÍTICA Sexta sesión ordinaria

Con amplio respaldo, Diputados convirtió en ley el Empleo Local Minero

Publicado el 2 de julio de 2026 a las 14:08


Con amplio respaldo, Diputados convirtió en ley el Empleo Local Minero

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la esperada Ley de Desarrollo Local Minero, una de las iniciativas más importantes impulsadas por el gobernador Marcelo Orrego para acompañar el crecimiento de la actividad minera en la provincia. El proyecto obtuvo un amplio respaldo político: fue sancionado con 33 votos afirmativos, mientras que los únicos votos negativos fueron los de los diputados giojistas Graciela Seva y Mario Herrero.

La particularidad de la votación estuvo en la postura del diputado libertario Fernando Patinella. El legislador se retiró del recinto antes de que se votara el proyecto y no participó de la definición, una decisión que se enmarca en la posición que viene sosteniendo La Libertad Avanza respecto de las regulaciones e intervenciones del Estado sobre la actividad privada.

Con la sanción de la ley, el Gobierno provincial busca garantizar que el crecimiento de la minería se traduzca en beneficios concretos para San Juan mediante la generación de empleo, el fortalecimiento de proveedores locales y el desarrollo de capacidades tecnológicas.

La aprobación llega en un momento estratégico para la provincia. En un escenario mundial marcado por la creciente demanda de cobre para la transición energética y la electromovilidad, San Juan concentra algunos de los proyectos cupríferos más importantes del país, como Los Azules y Vicuña, que podrían posicionarla entre los principales productores mundiales del mineral.

La normativa también busca complementar el escenario de inversiones generado por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), estableciendo reglas para que parte del impacto económico quede en la provincia a través del desarrollo de empresas y trabajadores locales.

Empleo sanjuanino y proveedores locales

Uno de los puntos centrales de la ley establece que las empresas mineras deberán presentar un Plan de Desarrollo Local con el compromiso de alcanzar un 80% de trabajadores sanjuaninos. La prioridad será para los habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos, seguida por el resto de la provincia.

Además, la norma prevé programas de capacitación para que la mano de obra local pueda acceder a los puestos que demanda la industria minera.

En materia de proveedores, el objetivo será que al menos el 60% de las compras y contrataciones de bienes y servicios correspondan a empresas radicadas en San Juan. Para ello se creará un Registro Provincial de Proveedores Locales, donde podrán inscribirse aquellas firmas que acrediten presencia efectiva en la provincia y una composición mayoritaria de capitales sanjuaninos.

Cambios incorporados durante el debate

Durante el tratamiento en comisiones, el proyecto incorporó modificaciones consensuadas con distintos sectores. Entre ellas, se sumó la participación de los municipios en el Consejo Consultivo que supervisará la aplicación de la ley.

También se establecieron condiciones para acceder a los certificados de crédito fiscal previstos como incentivo para las empresas. Además de cumplir con los objetivos generales del 80% de empleo local y el 60% de proveedores provinciales, las compañías deberán garantizar un piso mínimo del 30% de trabajadores y del 20% de proveedores provenientes de los municipios donde se desarrollen los proyectos mineros.

Beneficios e incentivos

La ley contempla un esquema de incentivos para las empresas que cumplan con las metas de desarrollo local. Quienes acrediten los porcentajes exigidos podrán acceder a certificados de crédito fiscal para cancelar impuestos provinciales.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, que tendrá a su cargo el control del cumplimiento de los planes presentados por las empresas bajo declaración jurada y podrá aplicar sanciones o multas en caso de incumplimiento.

Con esta sanción, el Gobierno provincial reemplaza la anterior Ley 1208-M, que nunca llegó a implementarse plenamente, y apuesta a un nuevo marco regulatorio que busca convertir el auge minero en una oportunidad de desarrollo económico para empresas, trabajadores y comunidades de San Juan.


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