La actualización de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras despertó dudas en el sector minero sanjuanino por algunos de los cambios introducidos, especialmente por la ampliación del concepto de integración regional hasta un radio de 500 kilómetros. Frente a ese escenario, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, salió a explicar el alcance del nuevo decreto y aseguró que la medida no modifica el régimen de proveedores locales ni afecta el proyecto de Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros que impulsa la provincia.

Fernández sostuvo que la norma nacional no representa una reforma de la ley sancionada en 1993, sino una actualización de su reglamentación para adecuarla al funcionamiento actual de la industria minera y equipararla con los beneficios y mecanismos que ya contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

«Más que una modificación es un nuevo decreto reglamentario que permitió adaptar la Ley de Inversiones Mineras y buscar cierta equiparación con el funcionamiento que ya tienen las empresas bajo RIGI», explicó el funcionario.

Qué cambia con los 500 kilómetros

Uno de los puntos que más repercusión generó fue la incorporación como regla general del concepto de «integración regional», que permite considerar parte de una misma operación minera a las plantas de tratamiento de minerales ubicadas hasta 500 kilómetros del yacimiento, siempre que reciban al menos el 50% del mineral proveniente de esa explotación.

Según explicó Fernández, esto no implica una ampliación del concepto de proveedor local ni modifica las condiciones de contratación.

«Estamos hablando de procesos industriales asociados a la minería, como el tratamiento del mineral. Es una práctica que ya existía y que muchas empresas utilizaban mediante autorizaciones especiales. Ahora deja de ser una excepción para convertirse en la regla», señaló.

El ministro indicó que el objetivo es simplificar trámites administrativos para empresas que operan distintos yacimientos o concentran el procesamiento del mineral en una única planta.

¿Puede impactar en San Juan?

Fernández reconoció que actualmente no existen en San Juan proyectos que encuadren dentro de ese esquema de integración regional, aunque consideró que podría ocurrir en el futuro con el desarrollo de la minería del cobre.

«Hoy no hay casos concretos dentro de ese radio, pero perfectamente una futura planta de procesamiento instalada en San Juan podría tratar mineral proveniente de un yacimiento ubicado en Mendoza o en otra provincia cercana. Es un escenario de mediano o largo plazo», explicó.

Incluso recordó que existen antecedentes similares en otras provincias, especialmente en proyectos de litio del norte argentino y en operaciones mineras del sur del país, donde las distancias obligan a concentrar el procesamiento en una misma instalación.

Más beneficios para empresas y proveedores

El funcionario también destacó que el nuevo decreto incorpora otras modificaciones orientadas a reducir burocracia y agilizar inversiones.

Entre ellas mencionó que el certificado de estabilidad fiscal pasa a tener carácter declarativo, lo que permite que los beneficios comiencen a regir desde que el proyecto obtiene la factibilidad y no una vez finalizado el trámite administrativo.

Además, la reglamentación facilita que proveedores que acrediten una participación significativa de ventas al sector minero puedan acceder a beneficios contemplados en la Ley de Inversiones Mineras.

«Eso mejora la competitividad de los proveedores locales porque les permite reducir costos vinculados a bienes de capital e insumos importados», explicó.

No obstante, reconoció que la mayor facilidad para importar también representa un desafío para la industria nacional, aunque remarcó que el objetivo fue igualar las condiciones entre los proyectos alcanzados por el RIGI y aquellos que continúan bajo el régimen tradicional.

«No modifica la ley provincial de proveedores»

Consultado sobre si el nuevo registro previsto por el decreto nacional podría interferir con el proyecto de Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros que ya ingresó a la Cámara de Diputados de San Juan, Fernández fue categórico.

Aclaró que se trata de instrumentos completamente distintos.

«El registro nacional es un registro de beneficiarios de la Ley de Inversiones Mineras. No reemplaza ni modifica el registro de proveedores que estamos impulsando en San Juan», afirmó.

Explicó que la iniciativa provincial busca resolver uno de los principales reclamos del sector: la falta de previsibilidad sobre la demanda que tendrán los grandes proyectos mineros.

La ley obligará a las empresas a presentar planes de desarrollo de proveedores y empleo local, informando con anticipación qué bienes y servicios necesitarán, cuál es la oferta disponible en San Juan y qué acciones implementarán para reducir la brecha entre la demanda y la capacidad local.

«Lo que buscamos es prender la luz. Que los proveedores sepan con tiempo qué va a necesitar la minería para poder prepararse, invertir y ser competitivos», resumió el ministro.