El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, aseguró que la Provincia avanza en un plan para resolver uno de los problemas históricos vinculados al acceso a la vivienda: la falta de escrituras. Según indicó, cuando comenzó la gestión de Marcelo Orrego existían alrededor de 12.000 viviendas con inconvenientes dominiales y, hasta el momento, se logró regularizar cerca de 2.000.

En una entrevista, Ferrari explicó que detrás de cada caso existe una situación de inseguridad jurídica para las familias, muchas de las cuales habitan viviendas desde hace décadas sin contar con el título de propiedad correspondiente. En algunos casos, señaló, los problemas se remontan a más de 40 años.

«La gente es poseedora de la vivienda, pero al no contar con la escritura ni con la registración correspondiente del dominio se generan dificultades que se agravan con el paso del tiempo y con los procesos sucesorios», explicó.

El funcionario detalló que la problemática tiene distintos orígenes. Una parte corresponde a barrios construidos por el IPV, mientras que otra surge de antiguos emprendimientos habitacionales desarrollados a través de uniones vecinales, fundaciones, gremios y asociaciones que con el tiempo dejaron de existir o presentan irregularidades administrativas que impiden completar las transferencias de dominio.

A esto se suman barrios y loteos municipales, por lo que Ferrari adelantó que durante los próximos días convocará a representantes de los municipios para poner a disposición herramientas jurídicas que permitan avanzar en soluciones conjuntas.

Según explicó, la estrategia provincial contempla distintos mecanismos, entre ellos la prescripción administrativa prevista en la legislación nacional y los procesos de regularización dominial para aquellos inmuebles cuya situación jurídica quedó inconclusa por problemas en las transferencias originales.

En paralelo, confirmó que esta semana el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados una serie de iniciativas destinadas a actualizar la normativa del IPV y agilizar los procesos administrativos vinculados a la adjudicación y escrituración de viviendas.

Entre las novedades que se analizan aparece la incorporación de nuevos requisitos para los postulantes a viviendas estatales. Ferrari mencionó, entre otros aspectos, la posibilidad de exigir que los beneficiarios no registren antecedentes penales, especialmente en delitos vinculados a violencia o situaciones que generen conflictos de convivencia en los barrios.

Durante la entrevista, el asesor letrado también se refirió al avance de La Rioja en su reclamo por el límite con San Juan. Tras la aprobación de una ley en la Legislatura riojana para impulsar acciones sobre la cuestión territorial, sostuvo que la posición de la provincia vecina carece de sustento jurídico.

«Se trata de un acuerdo interprovincial ratificado por una ley nacional. Entiendo que no tiene antecedentes ni posibilidades de prosperar», afirmó Ferrari, quien indicó que el Gobierno sanjuanino ya trabaja en la recopilación de antecedentes legislativos y documentación histórica para respaldar la posición de la provincia.