Tras la aprobación del proyecto Vicuña dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la empresa avanza ahora en una serie de definiciones clave para concretar el desarrollo de José María, la primera etapa de la iniciativa minera.

En diálogo con medios sanjuaninos, el country director de Vicuña Argentina, José Luis Morea, explicó que el próximo gran objetivo es alcanzar la denominada «decisión final de inversión» o Project Sanction, instancia en la que los accionistas del proyecto, Lundin Mining y BHP, deberán aprobar formalmente el financiamiento y la construcción de la primera fase.

Según indicó, esa definición podría producirse hacia finales de este año, una vez completados los estudios de ingeniería y obtenidos los acuerdos y permisos necesarios para avanzar con las obras.

«La decisión final de inversión implica que ambos accionistas tomen el compromiso público de fondear y construir la etapa 1 del proyecto Vicuña», señaló.

Morea explicó que durante los próximos meses la empresa trabajará en profundizar los estudios técnicos y en avanzar con las autorizaciones vinculadas a la infraestructura de soporte. Entre ellas mencionó caminos, obras energéticas y otros desarrollos necesarios para garantizar la viabilidad del emprendimiento.

Uno de los puntos que continúa bajo análisis es la ampliación de la infraestructura eléctrica vinculada a la línea de 500 kilovoltios. Sobre este tema, el directivo aseguró que la empresa sigue cumpliendo los pasos regulatorios exigidos a nivel nacional y mantiene conversaciones con distintos actores involucrados.

«La audiencia pública fue uno de los pasos necesarios previo a resolver la cuestión de fondo», explicó, al tiempo que remarcó que existe diálogo con autoridades provinciales y otras partes interesadas en la expansión del sistema eléctrico.

Consultado sobre la posibilidad de revisar propuestas relacionadas con la repotenciación de la línea, Morea sostuvo que la compañía no mantiene una postura cerrada y que las conversaciones continúan abiertas en paralelo al proceso regulatorio.