Los concejales oficialistas Valeria Ríos y José Luis Fernández presentaron una impugnación contra la suspensión de siete días que les fue aplicada recientemente y adelantaron que, si la medida no es dejada sin efecto, acudirán a la Justicia.

La sanción fue dispuesta por el presidente del cuerpo, Lucas Gómez, a raíz de la decisión de ambos ediles de retirarse de una sesión extraordinaria celebrada el 2 de febrero. Aquella reunión se desarrolló en medio de la controversia por la continuidad de Gómez al frente del Concejo y por las acciones judiciales impulsadas para cuestionar su reelección.

En el escrito presentado, Ríos y Fernández sostienen que la medida disciplinaria carece de sustento legal. Argumentan que nunca fueron convocados a ejercer su derecho de defensa y remarcan que la resolución fue adoptada varios meses después de ocurrido el episodio, sin que existiera un procedimiento previo que garantizara el debido proceso.

Los concejales también insistieron en que su decisión de abandonar el recinto respondió a una objeción institucional. Según expresaron, la convocatoria realizada por Gómez no cumplía con las condiciones exigidas para una sesión especial y, por lo tanto, consideraban inválido el desarrollo de la misma.

Además, rechazaron la interpretación de que su accionar configure una falta disciplinaria. En ese sentido, señalaron que retirarse de una sesión es una herramienta política contemplada dentro de la dinámica parlamentaria y destacaron que el funcionamiento del cuerpo no se vio comprometido, ya que el quórum se mantuvo con los restantes integrantes presentes.

Otro de los cuestionamientos apunta directamente a las facultades del presidente del Concejo. Para Ríos y Fernández, Gómez no tiene atribuciones para imponer sanciones a concejales electos, ya que las potestades disciplinarias previstas en la legislación vigente estarían limitadas al personal administrativo.

Como parte de la presentación, solicitaron además una copia certificada del acta correspondiente a la sesión del 3 de junio, cuando se formalizó la suspensión. Aseguraron que una vez que accedan a esa documentación podrían ampliar los fundamentos de la impugnación.

En caso de que el planteo sea rechazado dentro del ámbito legislativo, los concejales adelantaron que iniciarán acciones judiciales por considerar que fueron vulnerados principios constitucionales relacionados con la legalidad, el debido proceso y el ejercicio de la representación política.

Un conflicto que viene de arrastre

La tensión tiene origen en la interna que atraviesa al oficialismo sarmientino. Aunque Lucas Gómez llegó al Concejo bajo el mismo espacio político que conduce el intendente Alfredo Castro, con el paso del tiempo comenzó a mostrar posiciones más cercanas a dirigentes de La Libertad Avanza.

El punto de quiebre se produjo en diciembre, cuando Gómez logró mantenerse al frente del cuerpo deliberativo gracias al apoyo de tres concejales peronistas. La decisión generó fuerte malestar en el entorno del jefe comunal, aunque se concretó dentro de los márgenes permitidos por el reglamento interno.

La disputa posteriormente desembocó en los tribunales. Primero fue Castro quien intentó cuestionar la continuidad de Gómez mediante una presentación judicial que no prosperó. Luego hizo lo propio Ríos, aunque su reclamo también fue rechazado por la jueza Amanda Díaz.

En su resolución, la magistrada consideró que la edil pretendía impugnar una decisión adoptada por el mismo órgano legislativo del que forma parte. El fallo también dispuso que cada parte afrontara los gastos de sus respectivos abogados, por lo que la representación legal del Concejo Deliberante deberá ser costeada con recursos públicos.