El Gobierno de San Juan apuesta a una herramienta inédita para financiar obras públicas estratégicas: la emisión de un bono internacional que podría colocar hasta 600 millones de dólares en los mercados financieros. La iniciativa forma parte del proyecto de «Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la provincia de San Juan», que ya comenzó a ser analizado en la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, confirmó que la Provincia trabaja en la estructuración de un título de deuda que buscará captar fondos en mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos, con el objetivo de ejecutar obras vinculadas a infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional.

Según explicó el funcionario, el financiamiento externo ofrece mejores condiciones que el mercado local, tanto en tasas de interés como en plazos de amortización y volumen de recursos disponibles. «Estamos evaluando la emisión y colocación de un bono internacional. Las condiciones de acceso son más convenientes y permitirían obtener el financiamiento que necesita la provincia para acompañar su crecimiento», señaló.

La autorización que solicita el Ejecutivo no implica que San Juan vaya a endeudarse automáticamente por el total de los 600 millones de dólares. Gutiérrez indicó que el monto definitivo dependerá de las condiciones del mercado al momento de la emisión y de la evaluación que realicen los inversores.

Uno de los puntos destacados del proyecto es que la Provincia buscará emitir el bono sin ofrecer regalías mineras como garantía. El ministro sostuvo que San Juan cuenta con indicadores fiscales y financieros sólidos, además de un perfil económico favorable por las inversiones mineras que ya comenzaron a consolidarse.

«San Juan tiene resultado financiero positivo, cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal y presenta perspectivas económicas muy favorables por las inversiones que vienen en minería», argumentó.

La estrategia oficial apunta a aprovechar el contexto de crecimiento que proyecta el Gobierno provincial a partir del desarrollo de grandes proyectos mineros. Para Gutiérrez, la llegada de nuevas inversiones obligará a reforzar la infraestructura existente y a preparar a la provincia para una demanda creciente de servicios, viviendas, rutas, energía y agua.

En paralelo, el Ejecutivo también mantiene conversaciones con organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, con el objetivo de evaluar alternativas de financiamiento para distintas obras y programas de desarrollo.

De aprobarse la ley, el Gobierno estima que necesitará entre dos y tres meses para completar toda la estructura administrativa, legal y financiera necesaria para salir al mercado. Sin embargo, la colocación efectiva dependerá de las condiciones internacionales, la evolución del riesgo país y el interés de los inversores.

La iniciativa representa una de las apuestas más ambiciosas de financiamiento encaradas por la gestión de Marcelo Orrego y busca anticiparse a las necesidades de infraestructura que, según proyecta el Ejecutivo, generará la expansión de la actividad minera durante los próximos años.