Mientras los fiscales coordinadores de la Unidad Delitos Especiales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, preparan un pedido de prórroga por 90 días para continuar con la investigación y determinar si existió delito en la compra de los caños del Acueducto Gran Tulum, el abogado y excandidato a gobernador Marcelo Arancibia presentó una ampliación de la denuncia penal iniciada en diciembre de 2025.

La nueva presentación incorpora documentación técnica que, según sostiene el denunciante, podría aportar elementos clave para profundizar la pesquisa judicial sobre una de las obras públicas más importantes ejecutadas en San Juan durante los últimos años.

Entre la prueba agregada aparece un informe técnico elaborado por Industrias Metalúrgicas Jaime, fechado el 24 de junio de 2020, en el que se analiza el procedimiento de ensamblado por electrofusión de caños PEAD utilizados en la obra. Según plantea Arancibia, ese documento revela observaciones sobre las condiciones técnicas del material empleado, su sistema de resistencia, la metodología aplicada durante la instalación y los controles efectuados durante la ejecución.

Con esa base, el abogado pidió ampliar el objeto procesal de la investigación y avanzar sobre toda la cadena vinculada a la provisión, certificación, inspección, aprobación técnica y seguimiento de los materiales utilizados en el Acueducto Gran Tulum.

Además, solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas requerimientos documentales a OSSE, a la contratista Mapal S.A., a la firma proveedora Krah América Latina S.A. y a organismos técnicos y de control que hayan intervenido en el proceso.

En su presentación también pidió que se identifique a funcionarios, agentes y responsables técnicos que tomaron conocimiento de las observaciones señaladas en el informe o que autorizaron la continuidad de la obra, la recepción de materiales o la emisión de certificaciones posteriores.

El escrito judicial insiste en que se investiguen posibles delitos vinculados a administración fraudulenta contra la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica de instrumento público, negociaciones incompatibles y asociación ilícita, entre otras figuras penales que eventualmente pudieran surgir de la investigación.

La ampliación fue presentada en paralelo al pedido que preparan los fiscales Gómez y Pizarro para extender por tres meses más la Investigación Penal Preparatoria, plazo durante el cual buscarán definir si existen elementos suficientes para avanzar con imputaciones o si corresponde cerrar el expediente.