En la antesala de una nueva etapa de expansión minera en San Juan, marcada por el desarrollo del proyecto Vicuña y la extensión de la vida útil de Veladero hasta 2033, el Gobierno provincial comenzó a trabajar en un proyecto de ley para regular el cierre y postcierre de minas en el territorio sanjuanino.

La confirmación llegó de la mano del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien adelantó en el programa “Negro al 13” que la Provincia busca cubrir un vacío legal considerado clave para el futuro de la actividad extractiva.

El objetivo central de la iniciativa será garantizar que, una vez finalizada la explotación minera, las empresas ejecuten planes de remediación ambiental que permitan devolver el entorno a un estado de conservación óptimo y minimizar riesgos futuros.

Entre los principales puntos que incluirá la futura normativa aparecen las auditorías de postcierre, es decir, controles que se realizarán incluso años después del cese de actividad para prevenir posibles derrames, filtraciones o fallas estructurales.

Además, el esquema contemplará garantías financieras proporcionales a la magnitud de cada emprendimiento. De esta manera, el costo de las garantías ambientales dependerá de la escala del proyecto, permitiendo que tanto grandes operadoras como pequeñas explotaciones puedan adecuarse según su capacidad.

La iniciativa aparece en un contexto de fuerte expectativa por la denominada “segunda ola minera” en San Juan, impulsada por nuevos proyectos de cobre y por la continuidad de operaciones históricas en la provincia.

También avanza la ley de proveedores mineros

En paralelo, el Gobierno provincial también prepara el envío de la ley de proveedores mineros, una norma que apunta a fortalecer la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos dentro de la cadena de valor de la minería.

La iniciativa impulsará un sistema de metas de referencia para fomentar la contratación local, priorizar a departamentos mineros y promover planes de desarrollo para proveedores sanjuaninos. Además, buscará establecer definiciones claras sobre proveedores y mano de obra local.

Otro de los ejes será la creación de un registro moderno de proveedores, con acceso electrónico y mayor trazabilidad, pensado para identificar, certificar y fortalecer a las empresas locales vinculadas a la actividad minera.

La discusión también incluye los porcentajes de contratación local que deberán cumplir las operadoras. Mientras algunos sectores impulsan metas cercanas al 70%, el oficialismo analiza un esquema del 60%, aunque todavía continúan las conversaciones para alcanzar consensos.

La futura ley prevé además mecanismos de control mediante declaraciones juradas periódicas, auditorías y un régimen de sanciones ante posibles incumplimientos. También contempla la presentación obligatoria de planes de empleo local y desarrollo de proveedores por parte de las compañías mineras.