La investigación por la presunta megaestafa vinculada a las firmas Global Market Valores y GMI Inversiones suma nuevos capítulos y podría escalar todavía más. Según trascendió, el perjuicio económico total ya rondaría los 6 millones de dólares, mientras crece la cantidad de denunciantes que aseguran haber sido víctimas de maniobras financieras irregulares.

En ese contexto, este jueves a las 16 se realizará una audiencia de legitimidad de competencia, clave para definir qué fuero continuará al frente de la causa. El planteo gira en torno a la posible existencia del delito de lavado de activos: si la Justicia entiende que hubo movimientos compatibles con esa figura, la investigación pasaría al ámbito federal; en cambio, si se considera únicamente una presunta estafa, continuará en manos del Ministerio Público Fiscal de San Juan.

La causa es investigada por el fiscal Nicolás Alvo, titular de la UFI Estafas y Delitos Informáticos.

De acuerdo a las denuncias presentadas hasta el momento, las empresas operaban bajo tres modalidades principales. La primera consistía en ofrecer inversiones de bajo riesgo con tasas de interés “seductoras” y pagos mensualizados. La segunda estaba relacionada con la apertura de cuentas comitentes para operar en el mercado financiero. Y la tercera apuntaba a la compra de acciones de rápida venta y alto riesgo.

Los investigadores intentan determinar ahora cómo funcionaba el circuito financiero, cuál era el destino del dinero y si efectivamente existieron operaciones reales o un esquema destinado a captar fondos de inversores con promesas de rentabilidad.