En medio de una situación económica cada vez más ajustada para los municipios, el Gobierno de San Juan descartó avanzar con la posibilidad de redireccionar recursos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) hacia gastos de libre disponibilidad. La iniciativa, que comenzó a circular entre intendentes peronistas y algunos diputados departamentales, apuntaba a utilizar parte de esos fondos, actualmente destinados a obra pública, para cubrir erogaciones corrientes.

La inquietud surgió tras planteos en el seno del Partido Justicialista, donde varios jefes comunales advirtieron dificultades para sostener sus finanzas. En ese marco, comenzó a tomar forma un borrador legislativo para abrir el debate sobre el uso del Fodere, en un intento por ganar margen de maniobra. Sin embargo, la propuesta aún es incipiente y, según fuentes legislativas, requería consenso con el oficialismo para avanzar.

Desde el Gobierno provincial la respuesta fue negativa. El diputado Enzo Cornejo, referente del PRO en San Juan, defendió la política económica de la gestión de Marcelo Orrego y cuestionó a los municipios que reclaman mayor autonomía en el manejo de fondos. Sostuvo que más que una nueva ley de coparticipación, lo que necesitan es recortar las plantas políticas y remarcó que el Fodere garantiza que los recursos se traduzcan en obras concretas.

En la misma línea, el jefe de asesores Rodolfo Colombo rechazó la idea de salvatajes financieros y planteó que los municipios deben replicar el esquema de austeridad impulsado por la Provincia. Según afirmó, San Juan logró equilibrio fiscal a partir de un fuerte ajuste en la estructura estatal y consideró que las comunas deben ordenar sus gastos, especialmente los vinculados a personal y funcionamiento.

El trasfondo del conflicto también incluye cuestionamientos al manejo del Fondo de Emergencia Municipal, cuya asignación depende del Ejecutivo y no habría alcanzado a todos los municipios que lo solicitaron el año pasado. Ese dinero, no distribuido, se incorpora luego al Fodere, lo que, según los intendentes, limita su capacidad de decidir en qué gastar los recursos.