El fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, puso sobre la mesa un debate de fondo sobre el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal: la necesidad de contar con mayor autonomía en materia presupuestaria para fortalecer su desempeño dentro del sistema judicial.

En el marco de la presentación del manual de política criminal, Baigorrí señaló que actualmente el organismo funciona dentro de la órbita del Poder Judicial y depende de la Corte de Justicia en términos económicos, lo que condiciona su capacidad operativa. En ese sentido, planteó la conveniencia de avanzar hacia un esquema en el que el Ministerio Público tenga una asignación específica dentro del presupuesto provincial.

La propuesta no apunta a una autarquía plena, ya que el propio fiscal reconoce que el organismo no genera recursos propios, como sí ocurre con la administración de tasas judiciales, sino a una mayor autonomía en la administración de los fondos asignados por ley.

Según explicó, contar con una partida presupuestaria propia permitiría ordenar el funcionamiento interno, mejorar la planificación y dotar de mayor previsibilidad a la gestión. A la vez, sostuvo que este tipo de cambios contribuiría a reforzar la calidad institucional y el equilibrio dentro del sistema republicano.

No obstante, Baigorrí admitió que se trata de una discusión aún incipiente, que requiere consenso político y una eventual modificación normativa para concretarse.