La interna en el mundo de los abogados sanjuaninos dejó de ser un murmullo de pasillo para convertirse en un conflicto abierto. Con acusaciones de “doble juego”, pedidos de remoción y un comunicado institucional que buscó poner orden, el Foro de Abogados salió a marcar límites en medio de una disputa que mezcla poder, representación y política profesional.

Todo comenzó con una presentación formal impulsada por agrupaciones como Foro Independiente y Abogacía Independiente, que pusieron la lupa sobre integrantes del propio Directorio que, al mismo tiempo, formarían parte de otra entidad: Abogacía Transformadora, liderada por un expresidente del Foro.

El planteo es directo: hablan de “incompatibilidad de tareas” y “conflicto de intereses”. ¿El eje? Que esa asociación estaría arrogándose funciones que, por ley, le corresponden exclusivamente al Foro de Abogados, como representar institucionalmente a los profesionales, intervenir ante autoridades o accionar en defensa del ejercicio profesional.

En criollo: para algunos sectores, hay quienes están jugando en dos equipos al mismo tiempo.

Desde la conducción del Foro no esquivaron el tema. Su presidente, José Salinas, confirmó que el Directorio ya tomó cartas en el asunto y avanzó con un comunicado institucional que refuerza una idea clave: el Foro es la única entidad con potestad legal para representar a los abogados de toda la provincia.

En ese documento, la institución remarca que posee de manera exclusiva el gobierno de la matrícula y la representación profesional, y advierte que cualquier acción que contradiga ese marco legal puede generar “confusión” y “avasallamiento” de competencias.

Pero más allá del lenguaje formal, el trasfondo es claramente político-profesional. La discusión no pasa solo por estatutos o artículos de ley, sino por quién tiene la voz legítima del colectivo de abogados en San Juan.

El conflicto escala aún más cuando se señala que miembros del Directorio del Foro también integrarían la conducción de la asociación cuestionada. Para los denunciantes, esto no solo es incompatible, sino que amerita directamente la remoción de autoridades.

Como si fuera poco, el pedido incluye la posibilidad de convocar a una asamblea para definir el futuro de estos cargos, lo que abre la puerta a un escenario todavía más tenso.

Mientras tanto, desde el Foro insisten en que no se cuestiona el derecho a asociarse, sino los límites de esas asociaciones. “Una cosa es representar a sus socios y otra muy distinta es hablar en nombre de toda la abogacía”, resumieron.

El episodio deja en evidencia una puja de fondo: nuevas agrupaciones que ganan visibilidad, vínculos institucionales que se expanden y una estructura tradicional que busca sostener su rol histórico.

Por ahora, el mensaje es claro: el Foro salió a poner las reglas sobre la mesa. Pero en esta partida, nadie parece dispuesto a bajar las cartas tan fácil.