La firma minera Vicuña decidió rescindir el contrato con la UTE integrada por Semisa (San Luis) y Terusi Construcciones (San Juan), que tenía a su cargo la ejecución de los tramos E y F del corredor norte, una obra clave dentro de la denominada “ruta minera” en Iglesia.

Se trata de aproximadamente 50 kilómetros de camino de alta montaña que conectan el último punto asfaltado con el proyecto Vicuña, a más de 3.500 metros de altura. Es una obra de extrema complejidad técnica que incluye construcción de alcantarillas, puentes, tareas de voladura y apertura de traza en condiciones climáticas adversas, con bajas temperaturas y una geografía exigente.

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes vinculadas al proyecto, la desvinculación responde a una acumulación de incumplimientos contractuales por parte de la UTE. La empresa habría recibido advertencias y oportunidades para regularizar su situación, pero finalmente no logró ajustarse a las condiciones pactadas. Ante ese escenario, Vicuña decidió activar la cláusula de rescisión prevista en el contrato, en el marco de una licitación privada.

La adjudicación de la obra, confirmada en abril de 2025, ya había despertado cuestionamientos en el sector. Aunque nunca se difundió oficialmente el monto, estimaciones extraoficiales indicaban que los presupuestos de las empresas competidoras se ubicaban entre 70 y 80 millones de dólares. La UTE Semisa–Terusi habría ganado con una oferta entre un 30% y un 35% inferior a esos valores, lo que generó dudas sobre la viabilidad económica del proyecto desde el inicio.

Especialistas del sector suelen advertir que en este tipo de obras, una subestimación de costos puede derivar en dificultades para cumplir con los plazos y estándares exigidos, algo que en este caso aparece como una de las hipótesis que explican el desenlace del contrato.

La rescisión se produce además en un momento particular del calendario. El contrato ya contemplaba una interrupción de las tareas hacia fines de abril por el inicio del operativo invierno, período en el que las condiciones climáticas en la zona, que puede superar los 4.500 metros de altura,  hacen prácticamente inviable el trabajo continuo.

Durante estos meses está previsto el repliegue del personal, que ronda los 100 trabajadores, mientras la empresa avanza en un nuevo proceso licitatorio para completar los tramos pendientes. La salida de la UTE implica un retraso en el cronograma general del corredor norte, una infraestructura estratégica para el desarrollo del proyecto minero.

Fuentes del sector indican que en las próximas semanas se conocerán los detalles de la nueva licitación para reactivar las obras hacia agosto o septiembre, cuando mejoren las condiciones climáticas en la cordillera.

Más allá del impacto puntual en los tiempos de obra, el caso deja expuestas dudas sobre la capacidad de ejecución en proyectos de gran escala y alta complejidad. La participación de empresas regionales había sido vista como una oportunidad para el desarrollo local, pero el desenlace abre interrogantes sobre los criterios de adjudicación y la sustentabilidad de las ofertas.