Una demanda colectiva en San Juan busca establecer si el Banco San Juan incurrió en prácticas abusivas al aplicar descuentos por seguros que, en muchos casos, los clientes aseguran no haber contratado. La acción fue impulsada por la asociación de consumidores y apunta a una primera instancia clave: definir la responsabilidad civil de la entidad financiera.

El abogado Diego González Vila explicó que el proceso está planteado en dos etapas: primero se determina si el banco es responsable y luego cada usuario podrá reclamar su indemnización individual. En ese sentido, aclaró que no es necesario que los damnificados se presenten formalmente para quedar incluidos, ya que “todos los consumidores afectados forman parte automáticamente del proceso colectivo, salvo que expresen lo contrario” .

Según datos aportados en la causa, serían unas 86.000 personas las que habrían contratado estos seguros a través del banco, aunque desde la asociación aseguran que el número real podría ser mayor debido a que muchos usuarios, especialmente jubilados, no tienen acceso a medios digitales o desconocen la situación.

“Estamos hablando de consumidores hipervulnerables, muchos de ellos jubilados que no manejan internet o no han podido informarse sobre esta acción”, remarcó el letrado. Hasta el momento, la organización recibió más de 300 denuncias directas de personas que aseguran haber sido afectadas.

En caso de que la Justicia falle a favor de los consumidores, el banco debería cesar los descuentos y reintegrar las sumas debitadas de manera indebida, actualizadas con intereses. Además, se solicitó la aplicación de daño punitivo, una multa civil que podría alcanzar valores significativos.

“El reintegro incluiría intereses y su capitalización, es decir, intereses sobre intereses, tal como aplican los bancos cuando un cliente se atrasa en sus pagos”, explicó González Vila .

Uno de los puntos centrales del reclamo es que muchos usuarios habrían “aceptado” estos seguros sin tener pleno conocimiento, en medio de extensos términos y condiciones digitales. Sin embargo, desde la demanda sostienen que aun cuando exista consentimiento, este no es válido si el cliente nunca recibió la póliza o detalles de la cobertura.

“Si una persona no tiene la póliza, no sabe qué seguro tiene ni cómo usarlo ante un siniestro. Eso invalida el cobro”, argumentó el abogado.

En paralelo, se aclaró que los usuarios pueden cambiar de banco para cobrar su sueldo o jubilación sin perder el derecho a formar parte del reclamo colectivo. Los jubilados pueden hacerlo a través de ANSES, mientras que los trabajadores activos tienen respaldo normativo del Banco Central para elegir dónde percibir sus haberes.

Durante la entrevista, también se advirtió sobre otras situaciones recurrentes en defensa del consumidor. Los planes de ahorro para vehículos, los problemas de conectividad en el interior y las interrupciones de servicios esenciales figuran entre los reclamos más comunes.

Además, se recordó que los usuarios pueden exigir compensaciones cuando sufren cortes de servicios o daños derivados, como pérdida de alimentos o ingresos, dependiendo del caso.

La causa sigue su curso y podría sentar un precedente importante en la provincia. Mientras tanto, desde la asociación invitan a los afectados a informarse y aportar sus datos para fortalecer el reclamo colectivo.