El proceso de normalización ya muestra resultados: más del 50% de los triunviratos designados lograron regularizar instituciones y recuperar socios.

Las asociaciones civiles, como clubes deportivos, uniones vecinales, entidades culturales o grupos que promueven actividades sociales, cumplen un rol clave en la vida comunitaria. Sin embargo, al inicio de la actual gestión provincial se detectó que alrededor del 80% de estas instituciones se encontraba en situación irregular, sin balances aprobados, sin asambleas o con autoridades vencidas.

Desde la Inspección de Personas Jurídicas explicaron que estas entidades suelen ser el primer espacio de participación social de muchas personas, donde comienzan a practicar deportes, aprender idiomas o participar de actividades culturales.

“En Argentina existe una cultura muy fuerte de participación en asociaciones civiles. Gran parte de la población empieza su vida social en estos espacios, que deberían funcionar como pequeñas escuelas de democracia”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que la forma en que se gestionan estas instituciones también debe reflejar valores democráticos, con participación de socios, rendición de cuentas y elecciones periódicas.

El contexto económico también influye en el funcionamiento de estas organizaciones. La caída de la recaudación nacional, la baja en la coparticipación hacia las provincias y la disminución de ingresos provinciales terminan afectando indirectamente a las asociaciones.

Esto se debe a que muchas de ellas se sostienen principalmente con el aporte de los socios y vecinos.

Según explicaron, durante los años en que las instituciones permanecieron irregulares se produjo un fenómeno claro: la gente dejó de participar.

“La irregularidad genera desconfianza. Si no se sabe quién maneja los fondos o qué pasa con los ingresos, la gente deja de aportar y se aleja de la institución”, indicaron.

Para revertir esta situación se implementó una herramienta administrativa conocida como “triunvirato normalizador”, que permite que un grupo de socios asuma temporalmente la conducción de la entidad para ordenar su funcionamiento.

Este mecanismo se activa cuando socios denuncian irregularidades comprobadas. En ese caso, el organismo de control designa a los propios miembros de la institución para que convoquen asambleas, ordenen la documentación y regularicen la situación legal.

Los resultados comenzaron a verse durante el último año.

Más del 50% de los triunviratos normalizadores designados ya lograron realizar asambleas y normalizar sus instituciones, lo que permitió recuperar actividades y sumar nuevamente a los socios.

En muchos casos, se trata de entidades que llevaban hasta diez años sin aprobar balances ni rendir cuentas a sus miembros.

Uno de los argumentos más comunes para explicar la falta de regularización es el costo de funcionamiento. Sin embargo, desde el organismo de control aclararon que los gastos básicos de una asociación civil son relativamente bajos.

El costo principal inicial está en la compra de los libros obligatorios, como libro de socios, actas, inventario, asambleas y balances, que en total pueden rondar, incluso exagerando, entre 90.000 y 100.000 pesos.

A eso se suma, en algunos casos, el costo anual de un balance contable si la institución supera determinados movimientos económicos.

“Si una institución tiene muchos socios, ese gasto anual no es significativo. El problema aparece cuando la organización tiene muy pocos miembros o no logra generar participación”, explicaron.

Los especialistas remarcan que la personería jurídica por sí sola no garantiza el funcionamiento real de una asociación.

Una institución cobra vida cuando existe una comunidad que participa activamente de ella.

“Si una persona junta diez firmas para crear una asociación pero después no logra convocar a la comunidad, se queda con una carpeta y nada más”, explicaron.

En cambio, los clubes deportivos tradicionales o instituciones con fuerte arraigo social suelen mantenerse activos durante décadas porque logran integrarse en la vida del barrio o de un sector de la comunidad.

Otro de los problemas detectados es la falta de participación de los socios en las decisiones.

En muchas entidades se dejó de realizar la asamblea anual, un espacio fundamental donde la comisión directiva debe rendir cuentas sobre el manejo de la institución, presentar balances y explicar las actividades realizadas.

“Las asambleas son el momento en que los socios pueden preguntar qué pasó con los bienes, las cuentas o las decisiones de la institución. Es el principal mecanismo de control democrático”, señalaron.

Incluso recordaron que no existe legalmente la posibilidad de negar la afiliación a una persona que cumple con los requisitos del estatuto, una práctica que en algunos clubes barriales se volvió habitual.

Aunque el proceso de regularización abarca a todo tipo de organizaciones, las entidades deportivas fueron las que respondieron con mayor rapidez a los nuevos controles.

Esto se explica, en parte, por su mayor estructura organizativa y la cantidad de personas que participan en ellas.

Un ejemplo fue el de la Liga Sanjuanina de Fútbol, que al inicio de la gestión no podía realizar asambleas porque sus clubes socios tampoco estaban regularizados. En pocos meses, lograron ordenar la situación y retomar el funcionamiento institucional.

En cambio, las uniones vecinales suelen enfrentar mayores dificultades porque muchas veces funcionan de forma aislada y no cuentan con una federación u organismo que las acompañe.

El desafío hacia adelante será reconstruir la confianza de la comunidad en estas instituciones.

La normalización administrativa es solo el primer paso. El objetivo final es que los vecinos vuelvan a participar, aporten recursos y utilicen estos espacios para actividades deportivas, culturales o sociales.

“Las asociaciones civiles son de los socios. Cuando se ordenan y funcionan de manera transparente, la gente vuelve y la institución recupera su vida”, concluyeron.