Una resolución del EPRE, fechada el 23 de enero, abrió un concurso público internacional para la venta del 100% de las acciones de Naturgy San Juan, la empresa española a cargo de la distribución de energía eléctrica en la provincia. Sin embargo, el llamado no implica necesariamente que la operación vaya a concretarse ni responde a una decisión comercial de la compañía.

El proceso surge del cumplimiento de una cláusula del contrato de concesión firmado en 1996, cuando se privatizó el sistema eléctrico sanjuanino. Ese contrato, aprobado por ley, establece que al cierre de cada “período de gestión” debe convocarse obligatoriamente a una licitación internacional para poner en venta las acciones de la empresa operadora.

La resolución fue firmada por el presidente interino del EPRE, Raúl López, y se inscribe en un esquema de concesión total de 50 años, divididos en tramos de 15, 15, 10 y 10 años. El primer concurso se realizó en 2011 y el segundo corresponde ahora, de cara al vencimiento del período actual en 2026. Es decir, no se trata de una novedad política ni económica, sino de un mecanismo previsto contractualmente.

Desde la propia Naturgy San Juan buscaron llevar tranquilidad frente a las versiones que circularon. Aseguraron que no existe intención de vender, que no hay montos fijados ni negociaciones abiertas y que el procedimiento “no parte de una oferta concreta”. En otras palabras, no hay una decisión de salida del mercado sanjuanino.

El antecedente de 2011 refuerza esta lectura. En aquel entonces, cuando la distribuidora aún se llamaba Energía San Juan y estaba en manos del grupo chileno CGE, se activó el mismo mecanismo. Hubo consultas e interés preliminar, pero ningún oferente compró el pliego ni presentó propuestas, por lo que el concurso quedó sin efecto y la concesión continuó sin cambios.

El propio diseño del sistema explica por qué el accionista actual mantiene el control. El concurso licita el 51% de las acciones Clase A, que otorgan el manejo de la empresa. El contrato permite que Naturgy participe del proceso y fije el valor que considere adecuado. Si ese precio no es superado por terceros, la compañía continúa al frente sin desembolsar fondos. Solo en caso de una oferta superior se produciría el traspaso.

Mientras tanto, el EPRE ya activó las etapas administrativas: designación de un veedor, auditoría de activos, relevamiento de instalaciones, análisis del plantel de personal y un informe sobre juicios en curso. Toda esa información quedará disponible para eventuales interesados.