La semana pasada Brasil volvió a quedar en el centro del debate internacional tras un impactante operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Las imágenes de la acción policial recorrieron el mundo: un enfrentamiento de escala casi bélica en plena favela, con decenas de muertos y escenas que recordaron más a un teatro de guerra que a un operativo urbano. Pasados algunos días, la gran pregunta era cuál es hoy la realidad en Río y qué consecuencias dejó el operativo.

Para comprender el escenario actual, el analista internacional Gustavo Segré radicado en Brasil desde hace más de dos décadas explicó que la intervención no fue improvisada. La policía actuó bajo una orden judicial que autorizaba más de cien detenciones dentro de la favela. Durante diez meses se había reunido información de inteligencia, incluyendo rutas de escape hacia la zona selvática detrás de los asentamientos. Allí fue donde se encontraron la mayoría de los cuerpos. Según Segré, los enfrentamientos fueron directos: unos 500 integrantes del Comando Vermelho contra unos 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad.

Las imágenes de cadáveres alineados en las calles generaron un fuerte impacto, aunque el analista aclaró que la narrativa de “jóvenes inocentes sorprendidos mientras dormían” no se condice con la evidencia policial. De los 117 cuerpos recuperados, 115 tenían antecedentes. Muchos fueron despojados de su ropa de combate por familiares para simular ejecuciones y no enfrentamientos armados.

A pesar de la magnitud del operativo, no se logró capturar al jefe del Comando Vermelho, conocido como “Doca”, un líder con un nivel de protección que supera incluso al de mandatarios de potencias mundiales: setenta personas conforman su esquema de seguridad, armados con fusiles provenientes de Venezuela, Paraguay, Argentina y Cuba. Según Segré, el poder de fuego del Comando es mayor que el de países enteros como Paraguay o Uruguay.

En la vida cotidiana de los cariocas, el operativo solo generó alteraciones en la zona norte de la ciudad. Las áreas turísticas permanecieron al margen, aunque días después una joven de 20 años murió víctima de un tiroteo entre facciones rivales, un episodio que reavivó el debate sobre la inseguridad estructural. Aun así, una encuesta reveló que el 87% de los habitantes de las favelas apoyó la intervención policial.

El fenómeno, sin embargo, excede Río de Janeiro. Segré describió un país donde 50 millones de personas viven en territorios controlados por el narcotráfico. No significa que todas formen parte de las organizaciones criminales, sino que las reglas de esos barrios no las dicta el Estado, sino los grupos armados. En algunos casos, como en el estado de Ceará, familias enteras han sido expulsadas de sus hogares por órdenes de bandas criminales ante la pasividad de las autoridades.

La preocupación también alcanzó a los países vecinos. Argentina y Paraguay reforzaron la triple frontera y ya detuvieron a tres presuntos miembros del Comando Vermelho que habían cruzado ilegalmente desde Brasil. Ambos países catalogaron al grupo como organización terrorista. Brasil, en cambio, evitó hacerlo. Según Segré, una definición de ese tipo habilitaría intervenciones internacionales bajo normativa global antidrogas y antiterrorismo, algo que el gobierno de Lula da Silva no desea.

El analista también reveló un capítulo que profundiza la sensación de narcoestado: un diputado, conocido por su vinculación con el Comando Vermelho, asumió su banca tras la muerte del legislador titular y el ascenso de un suplente. Había sido condenado a 14 años de prisión, pero fue beneficiado por una resolución que liberó a miles de detenidos por narcotráfico. Su pertenencia al grupo criminal es conocida públicamente.

Segré plantea que el avance del narcotráfico no es producto de un año o un gobierno, sino de décadas de penetración, con responsabilidades compartidas entre administraciones de izquierda, centro e incluso sectores de derecha. En Río de Janeiro, por ejemplo, la policía no puede ingresar a las favelas sin blindados de la Marina porque los narcotraficantes poseen fusiles calibre .50 capaces de perforar vehículos y derribar helicópteros. Aun así, asegura, en varias oportunidades el Gobierno Federal se negó a autorizar el uso de esos blindados, agudizando la tensión entre niveles del Estado.

Más allá de los análisis, los hechos concretos describen un escenario alarmante: grupos criminales con poder militar, presencia institucional, control territorial y un nivel de influencia política que recuerda al auge de los carteles colombianos de los años noventa. Para Segré, la crisis brasileña no se resolverá sin una política integral contra el narcotráfico, algo que hoy no existe. El operativo de Río fue solo un capítulo de un conflicto mucho más profundo y prolongado.

Desde San Pablo, el analista cerró con un dato que habla por sí solo: él mismo se mueve únicamente en un vehículo blindado, y evita viajar a Río de Janeiro. “Es para que un loco drogado no te pegue un tiro en el semáforo”, graficó. Una frase que, más que descripción personal, funciona como síntesis del clima que se vive en buena parte del país más poblado de Latinoamérica.