En San Juan estalló un caso que ya nadie puede tapar debajo de la alfombra. Lo llaman el del “empleado infiel” de la Fiscalía, y no es un chisme menor: hablamos de un hombre que trabajaba en un área clave de Delitos Especiales, el lugar donde se planifican y ejecutan los allanamientos contra bandas de ladrones. Sí, ese mismo que debería cuidar la información era, según la investigación, quien la filtraba a los delincuentes.

El nombre en cuestión es Adolfo Andrés Hollywell García Castrillón. Tal vez su apellido les suene. No es casualidad: viene de una familia de peso en el ecosistema judicial sanjuanino. Madre secretaria de la Corte por décadas, hermana en un juzgado civil, y un linaje que se remonta a la llamada “Corte Bloquista” de los años ’80 y ’90. No estamos hablando de un recién llegado, sino de alguien que pertenece a ese entramado de apellidos que se repiten en Tribunales como si fueran parte del mobiliario.

La fiscal Claudia Sállica inició una investigación interna que derivó en esta bomba. Oficialmente se habla de escuchas telefónicas que vincularían a Hollywell con la famosa banda de roba-ruedas. Pero seamos claros: en la práctica, pinchar teléfonos no es tan sencillo como algunos creen. Se necesita orden judicial, y lo que hubo hasta ahora fue una pesquisa interna. ¿Entonces? ¿Es un ardid para no exponer a quien dio el dato real? ¿O hay una parte de la historia que no quieren contar?

Lo concreto es que la causa avanzó, y hoy el empleado infiel enfrenta una audiencia de formalización por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

En los pasillos del Poder Judicial todos murmuran lo mismo: Hollywell llevaba un estilo de vida difícil de justificar con un sueldo de empleado. Se habla de una quinta en Pocito con “lujos asiáticos”, matrimonios fallidos y una billetera que parecía nunca vaciarse. ¿De dónde salía todo eso? Pregunta que se hace medio San Juan y que, hasta ahora, nadie responde.

Pero ojo: lo más grave no es el despliegue económico, sino lo que esto abre como escenario. Porque el runrún de Tribunales es claro: Hollywell no sería el único. Y si no es el único, el escándalo que empieza a asomar puede dejar chiquito lo que hasta hoy conocimos como irregularidades en el Poder Judicial.

Ya hubo antecedentes. Recordemos a Juan Pablo Ortega, exonerado tras admitir tráfico de influencias. No era funcionario, pero sabía demasiado y lo usaba para torcer causas. Ahora, con Hollywell, el patrón se repite: empleados que, con acceso a información privilegiada, la usan para fines que nada tienen que ver con la justicia.

El riesgo es enorme: si se comprueba que filtraba datos de allanamientos, cualquier causa en la que haya intervenido puede ser revisada. Y ahí sí hablamos de un efecto dominó que podría hacer tambalear decenas de investigaciones.

En La Picada lo dijimos y lo repetimos: acá no estamos solo frente a un empleado que “se pasó de vivo”. Estamos frente a un sistema que, por lo menos, toleró o miró para otro lado. Un sistema que, cuando quiere, investiga “de oficio”, pero que la mayoría de las veces se acomoda según la conveniencia del momento y de los apellidos.

La audiencia de esta tarde es apenas el primer capítulo. El verdadero interrogante es si la Justicia se animará a tirar de la soga hasta el final. Porque si lo hace, puede aparecer algo mucho más grande. Y si no lo hace, confirmará lo que todos sospechan: que en los Tribunales de San Juan no todos son iguales ante la ley.