La renovación del cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani , abrió un escenario de fuerte tensión política y judicial. El viernes a las 23:59 cerró el plazo para inscripciones y finalmente se anotaron 35 aspirantes, varios de ellos en el último minuto.

En ámbitos jurídicos se habló de una “movida del Ministerio Público Fiscal”, que en las últimas horas del plazo presentó una gran cantidad de inscripciones de funcionarios vinculados a ese organismo. La maniobra fue interpretada como un intento de engrosar la lista de candidatos y condicionar la selección que llevará adelante el Consejo de la Magistratura.

La lista completa de postulantes es la siguiente:

Juan Javier Cámpora

Claudia Yanina Galante

Andrea Polizzotto

Mohamed Nasser Uzair

Fernando Roberto Castro

Marcelo Luis Saffe Spesia

Leonardo Raúl Arancibia

Marcelo Adrián Salinas Weber

Celia Leonor Maldonado de Álvarez

Guillermo Francisco Baigorrí

Graciela Beatriz Roduen Dávila

Horacio Rafael Rodríguez del Cid

Francisco Bruno Micheltorena Ponzo

Adriana Verónica Tettamanti

Ricardo Esteban Moine

Benedicto Walter Correa Patiño

Claudia Alejandra Salica López

Matías Senatore

Leticia Ferrón

Maximiliano Blejman

Gustavo Daniel López

Fernando Luis Rahme Quattroponi

Renato Darío Roca

Mariano Domínguez Ginestar

Laura Leticia Romarion

Ignacio Antonio Achem

Daniel Mario Galvani

Leonardo Ariel Wehner

Raúl José Iglesias Galante

Virginia Andrea Branca

Rolando Aníbal Lozano

José Eduardo Mallea

Atilio Sebastián Yanardi

Jorge Mauricio Bacil Riveros

Gabriel Adrián Riveros

Entre los inscriptos aparecen vínculos políticos, como Ricardo Moine. el esposo de la diputada nacional Nancy Picón y el de Ignacio Achem, hermano del secretario general de la Gobernación. Además, en los análisis surgió con fuerza el nombre de Guillermo Baigorrí, quien contaría con respaldo político para ser incluido en la terna y eventualmente reestructurar el Ministerio Público Fiscal.

El Consejo de la Magistratura deberá ahora evaluar impugnaciones, definir entrevistas y elaborar la terna que será enviada a la Cámara de Diputados entre septiembre y principios de octubre. Allí, el cuerpo legislativo tendrá la última palabra para designar al próximo jefe del Ministerio Público.

Fuentes políticas aseguran que es “casi un hecho” que en la terna habrá al menos una mujer, tanto por cupo como por gesto político.

El proceso no se da en el vacío. Por Constitución, el nuevo Fiscal General debe estar nombrado antes del 26 de octubre, en plena recta final de la campaña electoral. El desenlace, por lo tanto, tendrá un fuerte impacto político que podría beneficiar al gobernador Marcelo Orrego, según cómo logre capitalizar este hecho institucional de alto voltaje.