El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, brindó detalles sobre diversas actuaciones judiciales, avances en infraestructura penitenciaria y nuevas tecnologías que se analizan para fortalecer el patrullaje en la provincia.

En primer lugar, se refirió al caso de las computadoras adquiridas por el Estado que nunca habrían sido entregadas. “Hay un conflicto de competencia judicial que está siendo dirimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó. Mientras ese trámite continúa, surgió una presentación espontánea por parte de quien habría sido el proveedor, quien informó al Tribunal de Cuentas que los equipos estaban almacenados en un domicilio particular y listos para ser retirados.

A partir de esa novedad, el Tribunal emitió un oficio a la Policía de San Juan, que puso en conocimiento a la Secretaría de Seguridad. A través de una actuación conjunta con la Subsecretaría de Control de Gestión y la Escribanía Mayor de Gobierno, se realizó una constatación en el lugar y se levantó un acta oficial. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad informó al Ministerio Público Fiscal, que, a pesar del conflicto de competencia, tomó la presentación y ordenó el allanamiento del domicilio.

“Allí se abrieron los bultos en presencia de un fiscal y se constató que efectivamente había computadoras, unas 150 unidades, además de impresoras. Lo que aún no se puede confirmar es si son las que efectivamente fueron adquiridas por el Estado”, detalló Delgado. Desde entonces, la Policía de San Juan actúa como depositario judicial de ese material, que permanece sin uso hasta que la justicia determine cómo proceder.

Delgado también se refirió al estado de la obra del penal de Ullum, comúnmente mencionado como penal de Matagusanos. “La obra estaba paralizada al momento de asumir, y en el terreno solo hay un 10% de avance. Administrativamente el expediente sigue su curso, pero físicamente está paralizada”, confirmó.

Como alternativa, el secretario explicó que se están por concluir 236 plazas en el Sector 5, con fecha estimada de entrega para la primera quincena de septiembre. Esa obra también había estado paralizada desde agosto de 2023 por falta de pago, pero se reactivó en enero gracias a la regularización de los certificados adeudados por parte del Gobierno. “Pasamos de tener cinco o seis operarios a más de cien trabajando”, sostuvo.

Además, se está construyendo un nuevo módulo de 96 plazas bajo un sistema modular, con destino específico para personas con penas cortas, entre 15 días y un año. La decisión, explicó, fue tomada junto a jueces de ejecución penal y responde a la saturación actual de las comisarías, donde muchas veces los detenidos cumplen condenas sin ser trasladados al penal. “La directiva del gobernador es clara: toda persona privada de la libertad, por el tiempo que sea, debe estar bajo custodia del Servicio Penitenciario. La policía debe dedicarse a la prevención del delito”, subrayó.

Consultado sobre la incorporación de nuevas tecnologías, Delgado confirmó que avanza el análisis para usar drones en el patrullaje nocturno. Estos dispositivos estarán vinculados a los Centros Operativos Especiales (COE), camiones equipados con tecnología que permite monitorear zonas específicas, al estilo del CISEM. “Desde un COE se puede observar una zona a través de cámaras de seguridad y coordinar operativos en función del mapa del delito y los reclamos vecinales”, explicó.

Sobre el uso de drones, aclaró que ya está en agenda de Seguridad y Economía la adquisición de equipos con tecnología infrarroja y sensores de alta precisión. “No se puede comprar cualquier dron. Tienen que identificar personas, vehículos y detalles del terreno desde gran altura, incluso de noche”, dijo.

Delgado también planteó que será necesario debatir hasta dónde está dispuesta la sociedad a resignar parte de su privacidad para mejorar la seguridad. “No se trata de un ‘Gran Hermano’, pero sí de poner sobre la mesa qué derechos se ceden y en qué condiciones. Siempre con un marco jurídico claro, como se hizo con las taser y las bodycams”, argumentó.

Ante la consulta de un oyente, el funcionario fue claro: “No estamos en condiciones de adoptar un modelo como el de Estados Unidos. Nuestro sistema constitucional y cultural no lo permite. Las armas deben estar en manos de las fuerzas de seguridad y, en casos excepcionales, de quienes estén debidamente autorizados por el Estado”.

Sostuvo además que, si algún día se avanzara hacia una mayor habilitación, debería hacerse con requisitos estrictos y progresivos, especialmente en lo que respecta al examen psicofísico.

Delgado reveló que el 80% de las personas privadas de libertad en San Juan son asistidas por defensores oficiales. “Antes del sistema de flagrancia y acusatorio, el 60% eran procesados y el 40% condenados. Hoy, ese número se invirtió: el 90% está condenado”, precisó. Añadió que muchos detenidos no cuentan con recursos para pagar un abogado particular, pero destacó la labor de los defensores oficiales: “El profesionalismo que tienen es muy bueno”.

Finalmente, confirmó que el lunes 11 de agosto San Juan será sede del Consejo Federal de Seguridad sobre Eventos Deportivos. Participarán representantes de todas las provincias. Si bien aún no está confirmada la presencia de la ministra Patricia Bullrich, sí habrá funcionarios nacionales. “El evento es organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación”, concluyó