Por Redacción GSmedia

Un fallo judicial emitido por el juez Héctor Rollán desestimó una demanda por calumnias e injurias iniciada por el empresario sanjuanino Gustavo Monti contra el periodista Osvaldo Benmuyál. El eje del conflicto fueron los dichos del periodista durante el año 2022, cuando cuestionó el origen del patrimonio de Gustavo Monti y su reiterada participación —y éxito— en licitaciones públicas durante los gobiernos de su primo, Sergio Uñac.
Pero, cual caja de pandora, el fallo termina revelando información que podría provocar una nueva investigación judicial: una extensa serie de vínculos entre Monti, su empresa PVC San Juan SRL, y los gobiernos provincial y municipales sanjuaninos. En palabras del propio juez, la empresa habría ganado al menos 60 licitaciones durante la gestión de Uñac, lo que justificaría, según el fallo, considerarlo un «personaje público» y, por ende, sujeto a la crítica periodística.

Monti, socio gerente de PVC San Juan SRL, sostuvo que no debía ser considerado una figura pública. Sin embargo, la Justicia analizó documentación aportada tanto por la defensa de Benmuyán como por organismos públicos y concluyó que su exposición y vínculo con el Estado eran suficientes para definirlo como tal.
Entre los elementos más llamativos del fallo se encuentran:
60 licitaciones ganadas por PVC San Juan SRL entre 2009 y 2022, muchas de ellas coincidiendo con los mandatos de Sergio Uñac como intendente, vicegobernador y gobernador.

Un crecimiento patrimonial exponencial: según la Dirección Nacional del Automotor, PVC San Juan llegó a registrar 14 vehículos a su nombre en una década, y Monti otros 10 automóviles personales.

Bienes inmuebles registrados a nombre de la empresa, incluso en el exclusivo barrio Costa del Lago, con usufructo vitalicio reservado a Monti.

30 viajes al exterior entre 2010 y 2023 a países como Suiza,España,Chile, República Dominicana, Panamá y Uruguay, destinos conocidos por sus beneficios fiscales.

El fallo también detalla las múltiples relaciones comerciales entre PVC San Juan y municipios como Pocito, Rawson, Chimbas, Sarmiento y Calingasta, en algunos casos desde el año 2004. En todos ellos, la empresa fue contratista o proveedora de obras y servicios.
Uno de los casos más sensibles es el contrato firmado en 2018 con la Municipalidad de Calingasta para construir 22 viviendas sociales en el Barrio Alto Verde. La obra quedó inconclusa por falta de financiamiento provincial, pero no se aclara si la empresa cobró parcial o totalmente por ella.
Además, el nombre de la empresa aparece vinculado a la polémica obra del Acueducto Gran Tulum, donde se denunció la compra de caños defectuosos por un monto de 50 millones de dólares. Aún hoy, no se sabe si esos materiales fueron aprobados ni cuál fue el destino final de los fondos.
Quienes han leído en detalle la causa Vialidad —por la cual fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— encuentran similitudes llamativas entre aquel caso y lo que este fallo empieza a revelar. Cambian los nombres, los montos son menores, pero la lógica sería similar: una empresa cercana al poder que gana licitaciones de forma sistemática y presenta un enriquecimiento llamativo.

Este se puede convertir en un fallo que puede cambiar el mapa político,ya que el juez Rollán, en su sentencia, no solo protegió el ejercicio periodístico. También dejó asentado, con documentos oficiales, una trama de relaciones entre política, obra pública y beneficios empresariales que hasta ahora se intuían pero no se habían judicializado.

Lo que sigue dependerá de dos factores: si la sentencia es apelada, y si la Justicia sanjuanina decide investigar este posible caso de corrupción estructural. De lo contrario, solo quedará en los micrófonos de la prensa.

En el programa La Picada, Gastón Sugo y Ana Paula Gremoliche plantearon una pregunta incómoda: ¿qué están esperando los fiscales?. Según sostienen, el fallo de Rollán no solo desestima la denuncia contra el periodista, sino que ofrece material suficiente como para iniciar de oficio una investigación penal.
Lo cierto es que la similitud del caso con lo que es la denominada Causa Vialidad, donde terminó siendo condenada la expresidente Cristina Fernández y una serie de ex funcionarios y el empresario Lazaro Baez (dueño de Austral Construcciones), sorprende y no deja margen para pensar que podría ser una caso similar, pero made in San Juan