Tras varios días sin informaciónc certera, se conocieron detalles de la denuncia penal presentada contra el fiscal Sebastián Gómez, integrante de la UFI de Delitos Especiales y uno de los funcionarios que lleva adelante la investigación provincial por supuestas irregularidades en la ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum. La presentación fue impulsada por Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), a través de su defensa.

Según trascendió, la denuncia tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal, bajo el expediente CFP 5210/2026. En ella se enumeran cuatro presuntas figuras delictivas: resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

El planteo está relacionado con la respuesta que dio Gómez ante un pedido de información del juez federal Daniel Rafecas, quien había solicitado precisiones sobre el expediente que se tramita en San Juan. El requerimiento se produjo en medio de la discusión por la competencia judicial para investigar las presuntas irregularidades del Acueducto Gran Tulum.

El fiscal sanjuanino respondió que no podía brindar mayores detalles sobre el contenido de la investigación porque todavía no se había realizado la audiencia de formalización. Según argumentó, divulgar información en esa instancia podía comprometer los fines del proceso y las garantías de las personas investigadas.

La defensa de Ruiz cuestionó esa respuesta y promovió la acción penal en el fuero federal. El oficio judicial notificó a Gómez sobre la existencia de las actuaciones en su contra. Sin embargo, la apertura de esta investigación no implica que los delitos denunciados estén acreditados ni que exista una declaración de responsabilidad penal del funcionario.

La repercusión de la denuncia también tuvo respuestas dentro del Poder Judicial sanjuanino. El fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, emitió un comunicado el 28 de octubre en el que expresó su respaldo institucional a Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, el otro fiscal que interviene en la investigación del Acueducto Gran Tulum.

En el pronunciamiento, Baigorrí manifestó la «total defensa y apoyo» de la Fiscalía General a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, especialmente en las investigaciones vinculadas con posibles hechos de corrupción. También destacó la «honradez, profesionalidad, dedicación, valentía, compromiso con la verdad y buena fe» de ambos funcionarios.

El fiscal general sostuvo que Gómez y Pizarro demostraron actuar con «objetividad, rigor técnico, legalidad, lealtad procesal, independencia y plena autonomía». El comunicado cerró con una ratificación del compromiso institucional bajo el lema del Ministerio Público Fiscal: «hacer el deber ser».

Un día después, el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS) también difundió un mensaje de respaldo a los integrantes del organismo. La asociación defendió la independencia y autonomía de los fiscales y reclamó que puedan desarrollar sus funciones sin presiones ni condicionamientos.

Aunque el comunicado no mencionó expresamente a Gómez ni a Pizarro, su publicación se produjo en medio de la controversia por las acciones judiciales en Comodoro Py y fue interpretada como una señal de acompañamiento a los investigadores.

La denuncia contra Gómez se suma a la discusión sobre qué jurisdicción debe intervenir en la investigación por las presuntas irregularidades en la obra. La defensa de Ruiz había planteado ante la Justicia Federal que el expediente debía ser analizado en ese fuero, en función de los fondos nacionales involucrados en el financiamiento del proyecto.

Mientras tanto, la causa continúa en San Juan y tiene pendiente la audiencia de formalización, que fue reprogramada para el próximo 10 de noviembre. En esa instancia, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán avanzar con la presentación de los hechos investigados ante la jueza de Garantías.