El recorrido judicial de Juan Carlos Yannello tuvo un nuevo capítulo y terminó con una condena de 25 años de prisión. El exfiscal federal fue encontrado responsable de 79 hechos de encubrimiento y omisión de promover la persecución penal por su actuación durante la última dictadura militar en San Juan.

El Tribunal Oral Federal (TOF), integrado por los jueces Alberto Carelli, Paula Marisi y Gretel Diamante, le impuso la pena máxima que había solicitado el fiscal federal Dante Vega. La sentencia vuelve a poner en primer plano el papel que tuvieron funcionarios judiciales frente a las denuncias por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

Pero hay un dato clave para entender por qué Yannello no recibió nuevamente prisión perpetua: en 2023 ya había sido condenado a esa pena, aunque la Cámara Federal de Casación Penal revisó posteriormente el fallo y modificó la calificación legal de su responsabilidad.

En febrero, la Sala III de Casación, con los votos de Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques, consideró que la conducta del exfuncionario debía encuadrarse como encubrimiento y omisión de investigar, y no como participación directa en los crímenes cometidos por el aparato represivo.

La decisión no fue unánime. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que la cantidad y reiteración de las denuncias por torturas impedían considerar que Yannello desconociera lo que sucedía en los centros clandestinos de detención de San Juan.

Las denuncias que quedaron sin investigar

La acusación se concentró en el desempeño de Yannello primero como secretario de juzgado y luego como fiscal federal. Durante esos años, según se acreditó en el juicio, archivó o desatendió denuncias de víctimas del terrorismo de Estado, una conducta que contribuyó a garantizar la impunidad de los responsables.

El expediente reúne hechos de extrema gravedad: 13 homicidios doblemente agravados, tormentos contra detenidos políticos, privaciones ilegítimas de la libertad, delitos contra la integridad sexual y robos, entre otros crímenes cometidos durante la dictadura.

Las otras penas y quiénes fueron absueltos

El mismo proceso terminó con condenas para otros acusados vinculados al aparato represivo. Eusebio Jurczyszyn recibió 12 años de prisión; Marcelo Edgardo López, 10; Felipe Pedro Molina, 9; y Andrés Walter Alderete, 8 años y 6 meses.

También fueron condenados Rubén José Mondaca y Alfredo Medina a 7 años; Eduardo Ernesto Traverso a 6 años y 6 meses; Jorge Manuel Laiseca a 5 años y Juan Carlos Turón a 4 años.

En cambio, el tribunal absolvió a Carlos Olha, Norberto Trigo, Miguel Ángel Bergounian, Carlos Castro, Horacio Estrada, Gustavo Adolfo La Fuente y Ricardo Claudio Kalisinsky.

Por su parte, Gustavo De Marchi y Carlos Saavedra quedaron apartados del proceso por razones de incapacidad.

Así, la causa volvió a dejar expuesta una de las discusiones centrales sobre el terrorismo de Estado en San Juan: no solamente la responsabilidad de quienes ejecutaron los crímenes, sino también la de aquellos funcionarios que, desde sus cargos, tenían la obligación de investigarlos.