La Justicia declaró inconstitucional el tramo del decreto con el que el Gobierno de Javier Milei había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo cumplirla de inmediato.

La decisión fue tomada este martes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, al resolver los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, junto con una causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El conflicto gira en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025 después de que el Poder Ejecutivo intentara vetarla. Tras el rechazo del veto por parte de ambas cámaras, el Gobierno promulgó la norma mediante el decreto 759/2025, pero estableció que su aplicación quedaba condicionada a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

Para Cormick, esa condición no podía ser utilizada por el Poder Ejecutivo para suspender la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso. El magistrado consideró que el mecanismo empleado por el Gobierno funcionó, en los hechos, como una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución después de que el Congreso hubiera insistido con la norma.

Por ese motivo, declaró inconstitucional esa parte del decreto y ordenó al Estado Nacional cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución se suma a una serie de decisiones judiciales que vienen presionando al Gobierno para que avance con la aplicación de la norma. En septiembre, el mismo juzgado había intimado al Ejecutivo a cumplir una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de las becas universitarias, y le había dado cinco días para acreditar su cumplimiento.

Además, en septiembre Cormick había hecho lugar a una medida cautelar presentada por la UBA y ordenado al Gobierno liberar los fondos previstos por la Ley 27.795. Ese expediente reclamaba la aplicación de las disposiciones vinculadas con el funcionamiento universitario, la recomposición salarial, las becas y la investigación.

El fallo de este martes representa un nuevo revés judicial para la estrategia del Ejecutivo frente a la ley y deja planteada una disputa institucional sobre los límites del Poder Ejecutivo frente a una norma sancionada por el Congreso. La resolución fue dictada en primera instancia y podrá ser apelada por el Estado.