La Corte Suprema de Justicia convocó a dos conjueces para poder avanzar en el debate sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una de las medidas incluidas en el DNU 70/2023 de Javier Milei.

El máximo tribunal no logró reunir una mayoría entre sus tres integrantes para resolver el planteo presentado contra el artículo 154 del decreto, que eliminó las restricciones que establecía la Ley de Tierras para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Por eso, recurrirá a conjueces para completar la integración y definir el expediente.

El sorteo para determinar quiénes serán los dos magistrados que intervendrán está previsto para este martes 6 de octubre a las 16.30. Su incorporación permitirá que la Corte pueda discutir y eventualmente resolver el planteo de fondo.

La causa fue iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la derogación de la normativa desde una perspectiva vinculada con la protección ambiental. El expediente forma parte de un proceso colectivo en el que también había intervenido el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

En el caso del CECIM, la Corte había rechazado la presentación por considerar que la organización no tenía legitimación para impulsar ese reclamo. Esa decisión no significó, sin embargo, que el máximo tribunal se pronunciara sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Ahora, con el planteo de Árbol de Pie habilitado para avanzar, la discusión vuelve al centro de la agenda de la Corte. El tribunal deberá determinar si la derogación de la Ley de Tierras puede sostenerse constitucionalmente o si, por el contrario, corresponde dejar sin efecto la modificación introducida por el decreto.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre otras restricciones, fijó un máximo del 15% de las tierras rurales del territorio nacional, provincial o municipal que podían estar en manos de extranjeros y estableció límites para determinadas zonas.

El DNU 70/2023 derogó esa normativa y dejó sin efecto esas restricciones. Desde entonces, distintas organizaciones y sectores políticos cuestionaron la medida y plantearon su inconstitucionalidad.

La definición que adopte la Corte tendrá impacto sobre el alcance de una de las reformas introducidas por el Gobierno de Milei mediante el DNU 70/2023. Por ahora, el tribunal no anticipó una posición sobre el fondo: la convocatoria de conjueces es el paso necesario para poder completar su integración y avanzar con la resolución.