La investigación por la denominada causa Caños tendrá una instancia decisiva en los primeros días de noviembre, cuando venza la prórroga de la Investigación Penal Preparatoria. A partir de ese momento, el Ministerio Público Fiscal deberá definir qué rumbo toma el expediente, que lleva casi un año de investigación.

El abogado Marcelo Arancibia, quien presentó la denuncia que dio origen a la causa, explicó que los fiscales tendrán que adoptar una de cuatro decisiones: archivar la investigación si consideran que no existen elementos suficientes para continuar; desestimar la denuncia si concluyen que no hubo delito; disponer que todavía no es oportuno avanzar con la investigación; o formalizar la causa ante un juez de garantías.

La cuarta alternativa implicaría el avance hacia una investigación formal. En ese escenario, los fiscales deberían presentar ante un juez un caso concreto y precisar cuáles serían los delitos que atribuyen y cuál habría sido la participación de las personas investigadas.

La definición de noviembre llega después de un nuevo movimiento en el expediente. El viernes pasado, 11 personas fueron notificadas para que designen abogados defensores, bajo apercibimiento de que, si no lo hacen, se les asignen defensores oficiales.

Arancibia aclaró que esta medida no significa que esas personas estén imputadas. La designación de abogados apunta a garantizar el derecho de defensa frente a determinadas medidas probatorias que, según explicó, no podrían reproducirse posteriormente. De esta manera, quienes fueron notificados podrán controlar esas pruebas en caso de que la investigación avance hacia una formalización.

Para el abogado, este paso puede ser un indicio de que la causa se aproxima a una definición, aunque remarcó que todavía no existe una imputación concreta.

La denuncia original apunta a presuntas irregularidades vinculadas con una licitación y a posibles delitos contra la administración pública. La investigación, según explicó Arancibia, comenzó tomando como referencia hechos ocurridos desde 2016, aunque la amplitud de las facultades investigativas permitió que los fiscales también revisaran períodos anteriores.

En ese marco aparecen, entre las personas alcanzadas por la investigación, funcionarios y exfuncionarios de distintas gestiones. Arancibia mencionó puntualmente al actual diputado nacional Cristian Andino, quien durante parte del período anterior se desempeñó como presidente de OSSE.

Otro de los puntos que deberá definirse, en caso de que haya una formalización, será quién actuará como juez de garantías. Hasta ahora, la jueza Lucero intervino en la prórroga de la investigación, aunque Arancibia señaló que desconoce si continuará con la competencia o si se designará a otro magistrado.

El plazo que se acerca es, por lo tanto, una fecha clave para el expediente. Según explicó Arancibia, en los primeros días de noviembre el Ministerio Público deberá tomar una decisión sobre el futuro de la causa: cerrarla, desestimarla, considerar que todavía no es momento de avanzar o llevarla a una instancia de formalización.