La causa por la golpiza que sufrió el empresario sanjuanino Juan Manuel Salvalaggio sigue sumando capítulos en la Justicia. Esta vez, su abogado, Marcelo Fernández, pasó por Es Lo Que Hay y dio detalles de la investigación que busca determinar quiénes estuvieron detrás del ataque.

Fernández explicó que recientemente solicitó la suspensión de la audiencia de control de acusación porque había asumido la representación de Salvalaggio y necesitaba tiempo para analizar el expediente. Según detalló, el legajo cuenta con cinco cuerpos físicos y un terabyte de información digital, entre celulares y otros elementos incorporados a la investigación.

La audiencia de control de acusación es una instancia clave del proceso, ya que allí las partes presentan y discuten la prueba que eventualmente podría llegar a un juicio oral. El abogado sostuvo que necesitaba conocer en profundidad esa evidencia antes de avanzar.

Dos imputados y una acusación diferente para cada uno

De acuerdo con lo explicado por Fernández durante la entrevista, la acusación de la Fiscalía apunta contra Thompson y Quiroga Massa, aunque con distintos grados de participación.

Según el abogado, a Thompson se lo acusa como presunto autor intelectual de las lesiones graves triplemente agravadas por promesa remuneratoria, premeditación y alevosía. En el caso de Quiroga Massa, la Fiscalía sostiene una participación secundaria, vinculada a una presunta intermediación.

Fernández remarcó, de todos modos, que se trata de presunciones que deberán ser discutidas y eventualmente probadas en el proceso judicial. También defendió el principio de inocencia y señaló que, para él, ese estado jurídico solamente se modifica con una condena firme.

La pista que apareció en los celulares

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la información encontrada en los teléfonos celulares secuestrados a las personas que fueron condenadas por la agresión.

Según relató Fernández, los investigadores inicialmente analizaron el hecho como una posible tentativa de robo. Sin embargo, el contenido de los dispositivos habría permitido orientar la investigación hacia la hipótesis de que la agresión habría sido encargada.

El abogado sostuvo que existen mensajes, contactos y nexos que, según la acusación fiscal, vincularían a las personas condenadas por la agresión con terceros relacionados con los actuales imputados. También mencionó elementos vinculados con la preparación del ataque y el presunto hospedaje de quienes llegaron a San Juan.

“No fue un amedrentamiento, fue más que nada un castigo”

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Fernández explicó cuál es, según lo que pudo observar en el expediente, la hipótesis sobre el motivo del ataque.

“Creo que no fue un amedrentamiento, fue más que nada un castigo, una venganza”, sostuvo el abogado.

Según su relato, el conflicto habría comenzado después de una situación vinculada con una organización de eventos en la que Salvalaggio habría sufrido una pérdida económica. El abogado señaló que su cliente posteriormente puso en conocimiento de las autoridades una situación relacionada con una persona que, según la acusación fiscal, se habría atribuido vínculos o facultades que no tenía.

Siempre de acuerdo con la explicación de Fernández, esa situación habría derivado en una desvinculación y posteriormente en la presunta decisión de tomar represalias contra Salvalaggio. El abogado aclaró que se trata de lo que surge del legajo y de la acusación fiscal, y que todavía debe atravesar las distintas etapas del proceso.

¿Hubo intención de matarlo?

Durante la entrevista también surgió una pregunta inevitable: si quienes atacaron a Salvalaggio tenían la intención de matarlo.

Fernández explicó que, a partir de la evidencia incorporada a la investigación, la hipótesis que manejan es que no fueron enviados a asesinarlo, sino a golpearlo.

El abogado describió el ataque como una acción planificada: tres personas habrían llegado hasta el edificio donde estaba Salvalaggio y lo habrían atacado en el hall. Para Fernández, las circunstancias del hecho permiten sostener la hipótesis de una premeditación, algo que deberá ser discutido y acreditado en el proceso.

La Fiscalía pide hasta cuatro años y medio

Fernández también explicó cuál es, por ahora, la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal.

Para Thompson, la Fiscalía solicita cuatro años y seis meses de prisión efectiva, mientras que para Quiroga Massa pide dos años y seis meses de cumplimiento condicional. Todo esto todavía debe atravesar la audiencia de control de acusación y, eventualmente, un juicio.

Además, el abogado confirmó que existe la posibilidad de una suspensión del juicio a prueba, aunque aclaró que deben evaluarse las circunstancias particulares del caso y que la opinión de la víctima puede tener relevancia en esa instancia.

La causa, así, entra en una etapa clave: una enorme cantidad de evidencia deberá ser analizada y discutida antes de determinar qué elementos llegan finalmente a un eventual juicio oral.