La reforma del sistema electoral de San Juan comienza a tomar forma en la Legislatura, donde ya existen tres proyectos con estado parlamentario: uno presentado por el Ejecutivo provincial, otro por el Partido Bloquista y un tercero impulsado por un sector del peronismo. La discusión todavía no comenzó formalmente, pero uno de los puntos que promete generar debate es quién deberá pagar las elecciones internas de los partidos políticos.

La diputada provincial Maru Lascano se refirió al tema en Es Lo Que Hay y explicó que existe un consenso inicial entre distintas fuerzas sobre la necesidad de modificar el sistema electoral, aunque todavía resta definir los detalles.

Según explicó, los proyectos se encuentran actualmente en comisión y la discusión podría avanzar durante las próximas semanas. Además, la reforma provincial podría quedar vinculada con el debate que se dará a nivel nacional sobre el sistema electoral.

PASO: ¿seguirán existiendo?

Uno de los principales interrogantes pasa por la continuidad de las PASO.

Lescano consideró que las primarias fueron un mecanismo válido en determinado momento, pero sostuvo que el escenario actual es diferente, principalmente por la caída de la participación electoral y el descreimiento de la ciudadanía.

En ese contexto, planteó como una posibilidad que San Juan avance hacia una única elección general, en la que directamente se definan los candidatos que ocuparán los cargos electivos.

Sin embargo, también aparecen otras alternativas para resolver las internas partidarias.

Una de ellas sería establecer primarias abiertas y simultáneas, pero no obligatorias, permitiendo la participación tanto de afiliados como de ciudadanos que no pertenezcan a un partido.

La otra opción sería avanzar con internas cerradas, en las que solamente participen los afiliados de cada fuerza política.

La pregunta clave: ¿quién paga las internas?

Más allá de cómo se defina el mecanismo, hay un punto que puede convertirse en uno de los principales debates de la reforma: el financiamiento.

Si los partidos deben realizar una elección interna para definir a sus candidatos, aparece una pregunta inevitable: ¿debe pagarla el Estado con recursos públicos o deben hacerse cargo los propios partidos?

Lescano reconoció que será una de las cuestiones que deberán discutirse cuando la Legislatura avance sobre el nuevo Código Electoral.

La diputada explicó que, en caso de establecerse internas cerradas, una de las posibilidades es que sean financiadas directamente por los partidos políticos.

En cambio, si se optara por una primaria abierta y simultánea, el Estado podría intervenir en el financiamiento de esa jornada electoral.

De esta manera, el debate no será solamente sobre cómo votarán los sanjuaninos, sino también sobre quién deberá asumir el costo de las internas partidarias.

El problema de la participación

Otro de los argumentos que aparecen en la discusión tiene que ver con la participación electoral.

Lescano señaló que existe actualmente un mayor descreimiento y apatía de la ciudadanía, algo que se refleja en la disminución de la cantidad de personas que concurren a votar.

Por eso, desde su mirada, mantener un mecanismo electoral que implique una instancia previa obligatoria podría no estar respondiendo a las necesidades actuales.

La alternativa de una primaria abierta pero no obligatoria también presenta un interrogante: si la participación ya viene cayendo, ¿cuántos ciudadanos concurrirían a una elección que no es obligatoria?

Ese será otro de los puntos que deberán analizar los legisladores antes de definir el nuevo esquema.

Tres proyectos y una reforma que recién comienza

Por ahora, no existe un sistema definido. Los tres proyectos presentados continúan en comisión y deberán ser analizados por los legisladores antes de avanzar hacia una propuesta concreta.

La discusión también tendrá un componente político, ya que cualquier modificación del Código Electoral tendrá impacto directo en la manera en que los partidos seleccionan a sus candidatos y organizan sus internas.

El desafío para la Legislatura será encontrar un sistema que, además de ordenar la competencia electoral, resulte comprensible para los ciudadanos y no implique trasladar automáticamente a los contribuyentes los costos de las disputas internas de los partidos.

La discusión recién comienza y uno de los interrogantes centrales ya está planteado: si hay que hacer una interna, ¿la paga el Estado o la paga el partido?