El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, defendió el convenio entre la Provincia y la empresa Vicuña luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y respondió a los principales cuestionamientos planteados durante el debate legislativo. Aseguró que el acuerdo representa “una etapa refundacional minera” para San Juan y negó que implique una cesión de soberanía o de derechos ambientales.

Perea, quien participó de las negociaciones del convenio, sostuvo que la aprobación del proyecto constituye “un acuerdo histórico” y cuestionó los argumentos de los diputados que votaron en contra. “Basta con tener el acuerdo en mano, tener la información ambiental en mano y, sobre todo, leerlo”, señaló.

Uno de los principales planteos que buscó despejar fue el referido a la soberanía provincial. En ese sentido, explicó que las cuestiones vinculadas con el funcionamiento de la mina y los aspectos ambientales continuarán bajo jurisdicción provincial.

“Sin ceder soberanía, sin hacer concesiones ambientales”, afirmó el funcionario, y aclaró que el convenio contempla tribunales internacionales únicamente para eventuales controversias vinculadas específicamente con el acuerdo y sus cuestiones económicas. En cambio, sostuvo que “todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales y ordinarias del proceso o de la mina se rige por los tribunales ordinarios de la provincia”.

Perea también explicó uno de los puntos centrales del convenio: el esquema de regalías que establece un 3% sobre la facturación durante toda la vida útil del proyecto.

El ministro marcó una diferencia con el régimen establecido por la legislación nacional, que contempla el 3% sobre el valor de boca de mina y permite descontar determinados conceptos. Según explicó, el esquema acordado con Vicuña, al tomar la facturación bruta, equivaldría aproximadamente a un 4,2% del valor de boca de mina.

A esto se suma un 2,5% destinado a fideicomisos de infraestructura, de acuerdo con el esquema contemplado en el convenio.

En relación con los cuestionamientos sobre el desembolso de USD 250 millones, Perea remarcó que el dinero no será entregado a la Provincia de manera directa el 20 de diciembre, sino que estará sujeto al mecanismo previsto para la ejecución de las obras.

“Primero la obra, después el dinero”, resumió el funcionario, al explicar lo que definió como una “cláusula de seguridad” del convenio.

Según detalló, la Provincia podrá anunciar y comenzar a ejecutar proyectos de infraestructura, mientras que los desembolsos se realizarán contra los certificados correspondientes. El mecanismo estará administrado mediante un fideicomiso y las obras serán ejecutadas por los organismos provinciales correspondientes.

Entre las obras contempladas, Perea destacó especialmente la Ruta 40 Norte y rechazó que se trate de una infraestructura destinada exclusivamente al desarrollo minero.

“Es una obra que venimos pidiendo hace 20 años”, sostuvo, y señaló que la mejora de la ruta tendrá impacto sobre los departamentos del norte, el turismo, la producción y la agroindustria, además de facilitar la conexión de los sanjuaninos con esa zona de la provincia.

En ese sentido, insistió en que el convenio debe analizarse más allá de una obra puntual. “Este proyecto es mucho más que una ruta, es el desarrollo de una provincia”, afirmó.

Durante la entrevista, Perea también respondió a uno de los argumentos planteados por diputados opositores durante la sesión: que la Provincia podría obtener mayores ingresos si no resignara parte de las regalías durante los primeros años de producción y optara por esperar a que el proyecto generara recursos.

Para fundamentar la decisión oficial, el ministro hizo referencia al PEA (Preliminary Economic Assessment o Informe Económico Preliminar) presentado por Vicuña ante los mercados internacionales.

Según explicó, a partir de las proyecciones económicas incluidas en ese documento y de determinados cálculos realizados por los equipos económicos de la Provincia, el valor que se hubiera obtenido bajo el esquema cuestionado por algunos legisladores habría sido inferior a los USD 250 millones acordados.

“Te arrojaba, por ejemplo, 180 millones. Se puso un poco un gap más para llegar a un monto que sea favorable”, explicó.

Perea defendió así el monto acordado y aseguró que el convenio resulta beneficioso para San Juan. “Es un convenio muy bueno para la provincia, es un convenio muy seguro, muy transparente, que no tiene letra chica”, afirmó.

Otro de los cuestionamientos que respondió fue el referido al tratamiento legislativo del acuerdo. Durante la sesión, desde la oposición se había planteado que el Ejecutivo había impulsado un tratamiento demasiado rápido y que la Legislatura no debía funcionar como una “escribanía”.

Perea rechazó esa interpretación y recordó que el propio convenio establecía la necesidad de que fuera ratificado por la Cámara de Diputados dentro de los 60 días posteriores a su firma.

“¿A usted le parece que un Ejecutivo que prescinde de un Legislativo pone como cláusula que se debe ratificar por Cámara de Diputados?”, planteó.

Para el ministro, la intervención de la Legislatura demuestra precisamente lo contrario. “El gobernador entendió y entiende que todas las instituciones de la democracia deben intervenir en este tipo de cuestiones”, sostuvo.

Perea también fue consultado por las declaraciones de impacto ambiental vinculadas al proyecto, otro de los puntos discutidos durante el debate legislativo.

El funcionario aseguró que esa documentación es pública y que puede ser solicitada, aunque reconoció que no la tenía en ese momento. Explicó que desde el Ministerio de Minería y la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero se había respondido a un pedido realizado por un diputado.

Finalmente, Perea se refirió a los próximos pasos después de la aprobación legislativa del convenio. Aseguró que ahora comenzará una etapa vinculada con la ejecución de las obras previstas y sostuvo que el objetivo es que la infraestructura se adelante al impacto económico de la minería.

“Necesitamos, los sanjuaninos, las obras ahora”, afirmó.

En ese marco, volvió sobre una definición que atribuyó al gobernador Marcelo Orrego: “Trabajamos en lo importante, resolvemos lo urgente y diseñamos todos los días el futuro de la provincia de San Juan”.

Para Perea, el acuerdo con Vicuña forma parte de esa estrategia y representa una oportunidad para avanzar con obras de infraestructura antes de que comience el impacto socioeconómico de la actividad minera. “No es golpear la puerta, sino que hay que salir a buscar oportunidades y no es otra cosa lo que hemos hecho”, concluyó.