La Cámara de Diputados de San Juan dio luz verde este miércoles al convenio entre la Provincia y Vicuña Argentina S.A., que contempla un aporte único de US$250 millones para financiar obras de infraestructura. El proyecto consiguió 27 votos a favor y 9 en contra, en una jornada marcada por la fractura del bloque peronista.

El oficialismo logró aprobar el acuerdo durante la segunda sesión especial del año con el respaldo de sus aliados, pero también con el acompañamiento de cuatro legisladores identificados con el peronismo. Eduardo Cabello, Cristina López y Jorge Castañeda votaron afirmativamente, mientras que Miguel Vega también acompañó, aunque dejó en claro que su respaldo estaba vinculado exclusivamente a las obras previstas para la Ruta Nacional 40 Norte.

La posición de estos diputados se diferenció de la adoptada por el Bloque Justicialista, que había decidido no acompañar el despacho emitido por las comisiones. Los nueve votos negativos fueron de Graciela Seva y Mario Herrero, del bloque San Juan Vuelve; Juan Carlos Quiroga Moyano, Fernanda Paredes, Marisa López, Sonia Ferreyra, Stella Caparrós y Emilio Escudero, del Bloque Justicialista; y Marta Gramajo, de Crecer.

El convenio aprobado establece que Vicuña realizará un aporte de US$250 millones de carácter único, no reembolsable y no compensable. El dinero será destinado a infraestructura pública y, según la explicación del Gobierno provincial, permitirá avanzar con obras sin tomar deuda ni comprometer recursos futuros de la Provincia.

Uno de los principales destinos anunciados es la Ruta Nacional 40 Norte, especialmente el tramo entre Albardón y Jáchal. El gobernador Marcelo Orrego anticipó que la intención oficial es avanzar con la licitación antes de fin de año para realizar trabajos de repavimentación y ampliación en uno de los corredores considerados estratégicos para el norte sanjuanino.

El esquema acordado también contempla la creación de un fideicomiso de infraestructura pública. A ese fondo se sumará un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto minero, cuyos recursos serán administrados por el Estado provincial bajo mecanismos de control y auditoría.

Otro de los puntos centrales del acuerdo es el régimen de regalías. El convenio mantiene el esquema vigente y establece el pago del 3% sobre el valor bruto de facturación una vez que comience formalmente la explotación.

Además, el entendimiento busca cerrar una disputa administrativa que la empresa mantenía desde 2022 en relación con distintos aspectos de la Declaración de Impacto Ambiental. Para el Ejecutivo provincial, esto permite establecer un marco de mayor previsibilidad para el desarrollo del proyecto.

En paralelo, Vicuña asumió compromisos vinculados a infraestructura necesaria para la futura operación minera. Entre ellos se encuentra el financiamiento de la línea eléctrica y del denominado Corredor Norte, que conectará Angualasto con el emprendimiento.

Desde el Gobierno provincial sostienen que los fondos obtenidos permitirán ejecutar obras viales, hídricas y de saneamiento y que el impacto de la inversión minera no quedará limitado al sector extractivo, sino que alcanzará actividades como la producción agroindustrial, el turismo y la generación de infraestructura.