La modificación de la reglamentación vinculada a las armas de fuego abrió un nuevo debate en Argentina: ¿se trata de una liberación de las armas o de una simplificación de los trámites para los legítimos usuarios? Para Luis Alberto Pérez, presidente del Tiro Federal Argentino de Caucete, la respuesta está más cerca de lo segundo.

En diálogo con Es Lo Que Hay, Pérez explicó que los cambios no eliminan los controles para acceder legalmente a un arma, sino que modifican determinados procedimientos y habilitan nuevas posibilidades para usuarios que cumplan con los requisitos.

“No se ha dejado de pedir antecedentes, que estés apto psicológicamente, físicamente ni que seas idóneo en el manejo de armas de fuego”, remarcó durante la entrevista.

Uno de los aspectos que Pérez considera centrales es la posibilidad de acceder a la portación, aunque aclaró que no será automática ni estará disponible para cualquier persona que quiera solicitarla.

Según explicó, quienes pretendan acceder deberán atravesar distintos controles y exámenes y el otorgamiento será evaluado por la autoridad correspondiente. Es decir, tener un arma legalmente registrada no implica automáticamente poder portarla en la vía pública.

Pérez sostuvo que la discusión debería centrarse en diferenciar al legítimo usuario de quienes utilizan armas fuera de la ley.

“Las armas no son para todo el mundo”, planteó, al remarcar la importancia de que quien acceda a una tenga capacitación y pueda demostrar que es apto para su utilización.

Silenciadores y miras nocturnas

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la incorporación de determinados accesorios al régimen de materiales de uso civil condicional.

Pérez explicó que la nueva reglamentación permite acceder, bajo determinadas condiciones y con la correspondiente documentación, a elementos que anteriormente estaban restringidos.

Entre ellos mencionó los supresores de sonido, conocidos habitualmente como silenciadores, y las miras nocturnas.

En el caso de estas últimas, explicó que pasarían a poder ser importadas y registradas, con numeración y documentación específica. También diferenció entre las miras que intensifican la luz y las que utilizan tecnología térmica para detectar el calor.

Para Pérez, esto representa fundamentalmente un cambio de regulación frente a una prohibición anterior, más que una eliminación de controles.

Uno de los argumentos centrales del titular del Tiro Federal de Caucete fue que la modificación no significa que cualquier persona pueda acceder libremente a un arma.

Durante la entrevista recordó que para convertirse en legítimo usuario existen distintos requisitos, entre ellos controles médicos y psicológicos, evaluación de idoneidad y verificación de antecedentes.

En ese sentido, cuestionó lo que considera una histórica estigmatización de quienes poseen armas de manera legal.

“Cada vez que los gobiernos no han podido solucionar sus problemas de seguridad, han perseguido al legítimo usuario”, sostuvo.

Para Pérez, el debate debería separar a quienes cumplen con la legislación de las armas que circulan en el mercado ilegal.

Ante la pregunta sobre si una mayor facilidad para acceder legalmente a armas y accesorios podría terminar beneficiando a delincuentes, Pérez fue contundente: quien delinque no suele recurrir al circuito legal para conseguir un arma.

“¿Qué les impide armarse hoy?”, planteó durante la entrevista, y sostuvo que las armas ilegales ya forman parte del mercado clandestino.

Desde su perspectiva, facilitar determinados trámites para los ciudadanos que cumplen con los requisitos no significa facilitar el acceso a quienes están fuera de la ley.

“Esto no le permite al delincuente armarse más; le permite al ciudadano de bien defenderse del delincuente que ya está armado”, afirmó.

Durante la charla también se explicó una de las diferencias que más confusión genera entre quienes no están familiarizados con la legislación.

Pérez señaló que la tenencia permite al usuario disponer legalmente de un arma y trasladarla bajo las condiciones correspondientes, mientras que la portación implica llevarla en condiciones de uso inmediato en lugares públicos o de acceso público.

Por eso, remarcó que transportar un arma no es lo mismo que portarla, y que confundir ambas situaciones puede generar consecuencias legales.

Otro de los puntos destacados fue la burocracia que históricamente acompañó los trámites vinculados a la actividad.

El presidente del Tiro Federal Argentino de Caucete sostuvo que una de las modificaciones más importantes pasa por agilizar procedimientos que no necesariamente requieren meses de espera.

“¿Qué diferencia hay en dártela en dos o tres días?”, planteó al comparar los tiempos de tramitación con los períodos de espera que, según relató, existían anteriormente.

Para Pérez, agilizar un trámite no significa eliminar los controles, sino evitar demoras burocráticas cuando la persona ya cumplió con las exigencias establecidas.

Más allá de la modificación normativa, Pérez insistió durante la entrevista en que el acceso a un arma debe estar acompañado por responsabilidad, capacitación y conocimiento de las normas de seguridad.

En los polígonos, explicó, existen reglas estrictas que deben cumplirse y que permiten reducir los riesgos de accidentes. Incluso señaló que, cuando una persona no respeta reiteradamente esas normas, puede ser apartada de la actividad.

En ese contexto, su postura sobre la nueva reglamentación puede resumirse en una idea: no se trata de eliminar controles, sino de modificar el modo en que acceden y se regulan determinados elementos quienes ya forman parte del sistema legal.

El debate, de todos modos, recién comienza. La nueva normativa vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible en materia de seguridad: hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación de las armas y qué margen debería tener un ciudadano que cumple con todos los requisitos para acceder a ellas.