Un convenio impulsado por el Foro de Abogados de San Juan junto con la Secretaría de Seguridad provincial abrió un debate dentro de la comunidad jurídica. Si bien el acuerdo tiene como objetivo elaborar un Manual de Buenas Prácticas para mejorar la relación entre abogados penalistas y las fuerzas de seguridad, algunos profesionales expresaron reparos sobre su implementación.

El tema fue abordado en el programa La Picada, donde se expusieron cuestionamientos de un sector de los matriculados respecto de la conducción actual del Foro. Según se explicó, el acuerdo busca establecer criterios de actuación entre abogados, policías y personal penitenciario para agilizar el trabajo diario y reducir conflictos durante las intervenciones en comisarías.

De acuerdo con la información difundida, una comisión integrada por distintos actores será la encargada de redactar el manual, incorporando propuestas de abogados litigantes, especialmente de quienes ejercen en el fuero penal.

Sin embargo, algunos abogados consideran que el problema podría haberse resuelto mediante una simple directiva interna dirigida a las dependencias policiales, sin necesidad de avanzar en un nuevo instrumento de trabajo.

Uno de los puntos que despertó mayor preocupación es la posibilidad de conformar un listado de abogados penalistas que concurren habitualmente a las comisarías.

Según trascendió, no se trataría de una nueva matrícula, sino de un registro con los nombres y números de matrícula de los profesionales que intervienen con mayor frecuencia en causas penales. El objetivo sería facilitar su identificación y agilizar la atención en las dependencias policiales.

No obstante, algunos abogados manifestaron dudas sobre el alcance de la medida. Entre los interrogantes planteados figura qué ocurrirá con aquellos matriculados que, aunque no ejercen habitualmente el Derecho Penal, decidan representar a un detenido en una causa determinada.

Las críticas apuntan a que el sistema podría generar un trato diferencial entre profesionales que, en definitiva, cuentan con la misma matrícula habilitante para ejercer la profesión.

Desde el sector que impulsa el convenio sostienen que la iniciativa responde a un reclamo histórico de los abogados penalistas, quienes aseguran que muchas veces deben esperar largos períodos para ser atendidos en las comisarías, situación que demora actuaciones vinculadas a personas detenidas y al desarrollo de audiencias.

La propuesta contempla que las dependencias policiales cuenten con un procedimiento específico para recibir a los letrados y hacer más ágil el trámite cuando concurran en ejercicio de su función profesional.

La discusión también se da en un año electoral para el Foro de Abogados de San Juan. Hacia fines de 2026 deberán elegirse los representantes de la institución ante el Consejo de la Magistratura, por lo que algunos matriculados interpretan que la difusión de este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia para exhibir gestión de cara a esos comicios.

Hasta el momento, el Foro de Abogados no se pronunció públicamente sobre las críticas. Desde el programa adelantaron que buscarán conocer la posición del presidente de la institución, José Salinas, respecto de los cuestionamientos surgidos entre los profesionales.