La conformación de la Sala de la Corte de Justicia que deberá intervenir en la megacausa de las expropiaciones dio un nuevo paso. El camarista civil Ernesto Escobar aceptó integrar el tribunal y se sumará a su colega del mismo fuero, Esteban De la Torre, y al camarista penal Renato Roca.

Sin embargo, la primera decisión que deberán tomar los tres magistrados no estará vinculada con el fondo del expediente. Antes deberán definir si aceptan o rechazan las inhibiciones planteadas por los camaristas Víctor Muñoz Carpino, del fuero penal, y Mariano Ibáñez, del fuero laboral.

La resolución es clave para el avance de la causa. Si consideran que los apartamientos no corresponden, ambos jueces deberán integrar la Sala y solo restará designar un integrante más. En cambio, si las inhibiciones son aceptadas, el tribunal conformado por Roca, De la Torre y Escobar quedará habilitado para continuar con el trámite de los recursos de casación presentados por las defensas.

La intervención de la Corte se da luego de que los abogados de los nueve condenados apelaran el fallo dictado en julio de 2025 por el Tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia.

En ese juicio fueron condenados Santiago Graffigna, señalado como organizador de la asociación ilícita, a 7 años y 8 meses de prisión; su exsocio Horacio Alday, a 6 años; el exjuez civil Carlos Macchi, a 6 años y 2 meses; el exfiscal de Estado Mario Díaz, a 6 años; el exfuncionario Néstor Ruiz, a 4 años y 6 meses; la perito Ana María Melvin, a 4 años; los peritos Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, a 3 años y 3 años y medio, respectivamente; y el exintegrante del Tribunal de Tasaciones José Moreno, a 3 años.

La investigación sostiene que los condenados integraron una asociación ilícita que inflaba el valor de terrenos expropiados por el Estado para obtener millonarias indemnizaciones con fondos públicos.

El expediente llegó a la Corte de Justicia mediante recursos de casación, pero los cinco ministros del máximo tribunal provincial decidieron apartarse por distintos motivos, principalmente por intervenciones previas en la causa o vínculos personales con algunos de los imputados.

Entre las excusaciones figura la de Guillermo De Sanctis, quien como fiscal de Estado había impulsado la investigación y actuado como querellante. Adriana García Nieto se apartó por haber intervenido en expedientes administrativos relacionados con el caso durante la gestión de José Luis Gioja.

Marcelo Lima se inhibió porque la denuncia que dio origen a la causa fue presentada por su hermano, Walter Lima. Daniel Olivares Yapur lo hizo por la relación de amistad de su familia con la exjueza Rosalba Marún, mientras que Juan José Victoria argumentó un vínculo personal con Santiago Graffigna.

Ante ese escenario fue necesario recurrir a jueces subrogantes mediante sorteo. Inicialmente fueron designados los camaristas Guillermo Baigorrí, Mariano Ibáñez y Víctor Muñoz Carpino. Sin embargo, Baigorrí luego fue nombrado fiscal General de la Corte y quedó fuera del expediente, mientras que Muñoz Carpino e Ibáñez también solicitaron apartarse.

Ahora será la Sala integrada por Renato Roca, Esteban De la Torre y Ernesto Escobar la que deberá resolver si esas inhibiciones son válidas y, en función de esa decisión, avanzar con la revisión de las condenas dictadas en una de las causas judiciales más importantes de la provincia.