El Consejo Asesor de Acompañamiento del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) expresó su respaldo a la postura que el organismo presentó ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) en el marco del debate por el acceso a la red de transporte eléctrico de 500 kV que demandará el desarrollo del proyecto minero Vicuña.

La definición surgió durante una reunión realizada el miércoles, en la que participaron representantes de municipios, legisladores, entidades empresarias, sindicatos, organizaciones civiles y asociaciones de usuarios.

Durante el encuentro, las autoridades del EPRE expusieron los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos de la presentación elevada al organismo nacional. El planteo busca compatibilizar el desarrollo de la actividad minera con la protección del sistema eléctrico provincial, evitando que los costos de nuevas demandas recaigan sobre los usuarios que financiaron históricamente la infraestructura mediante el pago de sus tarifas.

En ese sentido, el EPRE presentó una oposición formal al pedido de acceso en los términos actuales, aunque dejó abierta la posibilidad de retirar esa objeción si la empresa responsable del proyecto suscribe acuerdos de mitigación que compensen el impacto sobre la red eléctrica.

La posición recibió el apoyo de intendentes de Jáchal, Iglesia, Calingasta y Ullum, además de diputados provinciales y representantes de instituciones como CASEMICA, la CGT San Juan, el Sindicato de Luz y Fuerza, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Ingenieros, la Asociación de Viñateros Independientes y la Cámara de Energías Renovables, entre otras.

Uno de los principales argumentos expuestos durante la reunión fue el estudio elaborado por el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ-CONICET), que respaldó el criterio de mitigación impulsado por el EPRE. Según el informe, ese esquema se encuentra en línea con modelos regulatorios aplicados en países con fuerte desarrollo minero, como Australia, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido.

Como conclusión, los integrantes del Consejo Asesor consideraron que la postura del EPRE cuenta con fundamentos técnicos sólidos, resulta equitativa desde el punto de vista económico y se ajusta a estándares internacionales. También sostuvieron que el principio de libre acceso a la red eléctrica no implica un derecho irrestricto para utilizar infraestructura pública sin compensar el impacto generado sobre el sistema.

Finalmente, el Consejo resolvió continuar siguiendo el proceso administrativo hasta que el ENReGE emita una resolución definitiva sobre el pedido de acceso y ampliación de la red de transporte eléctrico.