La reciente actualización de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras introdujo cambios que podrían tener impacto en la cadena productiva vinculada a la actividad en San Juan, una provincia donde la minería representa uno de los principales motores económicos.

Entre las modificaciones incluidas en el nuevo decreto reglamentario aparece un punto que comenzó a generar atención dentro del sector: la ampliación del criterio de integración regional para determinadas actividades relacionadas con los proyectos mineros.

La norma establece que serán considerados «regionalmente integrados» los procesos de tratamiento de minerales instalados dentro de un radio de hasta 500 kilómetros de los yacimientos ubicados en territorio nacional, siempre que reciban al menos el 50% de sus insumos minerales de esas explotaciones.

Se trata de una definición técnica, pero con potenciales efectos sobre la organización de la cadena de valor minera. En una provincia como San Juan, donde existe un fuerte debate sobre la participación de empresas locales en los grandes proyectos, la modificación abre interrogantes sobre el alcance geográfico de las actividades que podrán ser consideradas vinculadas a una explotación minera.

La reglamentación también faculta a la Autoridad de Aplicación a extender incluso más allá de los 500 kilómetros ese radio de integración cuando existan razones vinculadas a la infraestructura disponible o cuando se busque promover el desarrollo industrial de determinadas regiones.

Desde el sector destacan que el cambio no redefine de manera automática qué empresas son consideradas proveedores locales. Sin embargo, sí amplía el criterio de integración regional para determinados procesos de industrialización y tratamiento de minerales, un aspecto que podría tener incidencia en futuras contrataciones y en la planificación de proyectos.

La medida forma parte de una actualización más amplia del régimen de inversiones mineras impulsada por el Gobierno nacional, que busca adecuar una normativa con más de tres décadas de vigencia a las nuevas dinámicas de la actividad.

En San Juan, donde avanzan proyectos de cobre de escala internacional y donde la discusión sobre el compre local ocupa un lugar central en la agenda minera, la nueva reglamentación ya comenzó a ser observada con atención por empresarios, proveedores y autoridades vinculadas al sector.