La regularización dominial y la situación de miles de viviendas que aún no cuentan con escritura volvieron a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno provincial. En ese marco, el asesor letrado de Gobierno, Carlos Ferrari, confirmó que esta semana ingresará a la Cámara de Diputados un paquete de proyectos destinado a modernizar la legislación vigente y agilizar los procesos administrativos vinculados al acceso al título de propiedad.

Las iniciativas forman parte de una política pública que la gestión de Marcelo Orrego viene impulsando desde el inicio de su mandato y que apunta a resolver una problemática que, según estimaciones oficiales, alcanza a unas 12.000 viviendas adjudicadas en distintos puntos de la provincia.

Ferrari explicó que el paquete estará integrado por modificaciones a la ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), cambios en la normativa vinculada a la Unidad Ejecutora Provincial de Regularización Dominial (UEPRO) y un decreto reglamentario que buscará precisar aspectos que, hasta ahora, no habían sido desarrollados en la aplicación de la legislación.

Según indicó el funcionario, la experiencia recogida durante la implementación de los programas de regularización puso en evidencia la necesidad de actualizar herramientas jurídicas y administrativas para dar respuesta a situaciones que se arrastran desde hace décadas.

La problemática tiene múltiples orígenes. Por un lado, aparecen las viviendas construidas por el IPV con financiamiento provincial o nacional cuyos adjudicatarios nunca lograron completar el proceso de escrituración. Por otro, existen numerosos barrios desarrollados por uniones vecinales, fundaciones, gremios y asociaciones civiles que recibieron apoyo estatal para ejecutar proyectos habitacionales y que, con el paso de los años, desaparecieron o quedaron con dificultades administrativas que hoy obstaculizan las transferencias de dominio.

A ello se suman loteos municipales y otros emprendimientos que presentan conflictos registrales o sucesorios, una situación que complica aún más la obtención de los títulos de propiedad.

«Nos hemos encontrado con realidades que tienen más de 30 o 40 años. El principal problema es la inseguridad jurídica que genera para las familias no contar con la escritura de su vivienda», sostuvo Ferrari al referirse a los casos detectados por la actual gestión.

El asesor letrado destacó que, desde diciembre de 2023, la Provincia logró regularizar cerca de 2.000 situaciones, aunque reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer debido al volumen y la complejidad de los expedientes.

Uno de los ejes de la estrategia oficial pasa por la utilización de la prescripción administrativa, una herramienta prevista en la legislación nacional y a la que San Juan adhirió hace años, pero que hasta ahora había tenido escasa aplicación. El mecanismo permite reconocer administrativamente la posesión continua y pacífica de un inmueble y avanzar en la consolidación del dominio mediante la intervención del Estado.

En paralelo, el Gobierno trabaja en la coordinación de distintos organismos involucrados en la materia, entre ellos el IPV, Catastro, la Dirección de Regularización Dominial y áreas dependientes de los ministerios de Gobierno, Economía e Infraestructura.

La intención oficial también es involucrar a los municipios. En ese sentido, Ferrari adelantó que convocará a representantes de las comunas para abordar problemáticas vinculadas a barrios municipales o terrenos que fueron cedidos en el pasado para la construcción de viviendas y que hoy presentan dificultades para completar los trámites de escrituración.

Entre las modificaciones previstas para la ley del IPV aparecen nuevas precisiones sobre los requisitos para acceder a soluciones habitacionales. El funcionario explicó que la reglamentación incorporará criterios surgidos de la experiencia acumulada en los últimos años y confirmó que se analiza incluir exigencias vinculadas a los antecedentes penales de los postulantes.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo final es dotar al Estado de mayores herramientas para agilizar los trámites, ampliar el alcance de los programas de regularización y brindar seguridad jurídica a miles de familias que, pese a habitar sus viviendas desde hace años, todavía no cuentan con el título de propiedad.