El Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorri, salió a responder las críticas que generó el nuevo protocolo de comunicación del Ministerio Público Fiscal y aseguró que la medida no busca restringir el vínculo de los fiscales con la prensa ni limitar el acceso a la información pública.

La polémica se instaló luego de que trascendiera una resolución interna que establece pautas para la difusión de información relacionada con causas judiciales de interés público. Entre otros puntos, el protocolo dispone que la comunicación institucional se canalice a través de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal.

Ante las interpretaciones que señalaron que la normativa implicaría una forma de censura o control sobre las declaraciones de los fiscales, Baigorri fue categórico. «No hay ninguna intención de restringir, censurar o nada de eso», afirmó durante una entrevista radial.

Según explicó, el objetivo de la medida es ordenar y profesionalizar la comunicación judicial, especialmente en aquellas investigaciones que generan un alto interés social y mediático. «Lo único que estamos tratando es que la comunicación sea lo más adecuada posible, más técnica, más clara, más objetiva y más fundada», sostuvo.

El fiscal general remarcó que el protocolo no quita facultades a los fiscales. Por el contrario, señaló que ellos continúan siendo los únicos habilitados para brindar información sobre las causas que tienen a su cargo. En ese sentido, aclaró que la Oficina de Comunicaciones solo puede difundir información cuando cuenta con la autorización expresa del fiscal responsable del expediente.

Baigorri también rechazó una de las interpretaciones que más ruido generó dentro y fuera del Ministerio Público: la idea de que los fiscales necesitarán autorización previa para hablar con periodistas. Según explicó, el protocolo desaconseja los intercambios informales permanentes sobre causas en trámite, pero no prohíbe el contacto con los medios.

«El fiscal es dueño de recibir a un periodista, contestar una consulta o brindar una información que corresponda. Lo que buscamos es que cuando se trate de información trascendental o de gran impacto social, la comunicación se haga de manera organizada y en igualdad de condiciones para todos los medios», explicó.

Otro de los puntos cuestionados fue el apartado que prevé posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles o penales ante incumplimientos. Sobre esto, Baigorri aclaró que esas disposiciones están dirigidas específicamente a los integrantes de la Oficina de Comunicaciones y no a los fiscales.

«La obligación de confidencialidad es para quienes trabajan en la oficina y tienen acceso a determinada información institucional. No hay ninguna persecución hacia los fiscales», sostuvo.

Durante la entrevista, el titular del Ministerio Público insistió en que una de sus prioridades desde que asumió el cargo en noviembre pasado es mejorar la comunicación institucional. Incluso reconoció que algunas investigaciones de gran repercusión pública ayudaron a acelerar la elaboración del protocolo, aunque aseguró que la iniciativa venía siendo analizada desde hace meses.

«Una mala comunicación genera conflictos y una buena comunicación genera resultados. La comunicación es uno de los elementos más trascendentales en el funcionamiento de la Justicia», afirmó.

Por último, Baigorri sostuvo que el nuevo esquema busca democratizar el acceso a la información judicial y evitar que determinados medios tengan información privilegiada respecto de otros. «Lo que estoy tratando es de poner orden, facilitar la tarea de los fiscales, mejorar la comunicación y garantizar igualdad en el acceso a la información», concluyó.