La causa Global Market, que ya venía cargada de cifras millonarias, operaciones bursátiles sospechosas y acusaciones de lavado de activos, ahora sumó otro condimento: una fuerte diferencia entre los propios abogados de las víctimas.

Es que mientras la UFI de Estafas y Delitos Informáticos sostiene que la investigación debe pasar a la Justicia Federal, algunos querellantes sanjuaninos se plantaron y salieron a pedir exactamente lo contrario: que el expediente siga en San Juan.

La revelación la hizo el fiscal Nicolás Alvo en el programa Es Lo Que Hay, quien confirmó que tras la declaración de incompetencia dictada por el juez provincial, hubo abogados de damnificados que presentaron recursos para intentar frenar el pase.

“Hay abogados entonces de damnificados sanjuaninos que quieren que se investigue en la Justicia provincial y no pase a la Justicia Federal”, explicó el funcionario judicial durante una entrevista radial.

La discusión no es menor. Desde Fiscalía sostienen que no se trata de una simple estafa común, sino de presuntas maniobras financieras complejas vinculadas a operaciones no autorizadas, desvío de fondos y posible lavado de activos.

Según detalló Alvo, la investigación detectó transferencias de dinero de clientes hacia empresas vinculadas a los propios dueños de Global Market y movimientos con firmas no autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Ahí aparece el punto central del tironeo judicial.

Para la UFI, las maniobras impactan sobre el “orden económico y financiero nacional”, motivo por el cual entienden que debe intervenir la Justicia Federal. Incluso el juez provincial aceptó inicialmente ese criterio y planteó el conflicto de competencia.

Sin embargo, no todos dentro de la querella están convencidos.

Detrás de esa postura empiezan a aparecer lecturas políticas y estratégicas. En tribunales algunos interpretan que hay abogados que consideran que una investigación local podría avanzar con mayor velocidad o tener más control territorial sobre la causa.

Otros, en cambio, creen que el expediente inevitablemente terminará federalizado por el tipo de operatoria denunciada y la intervención de organismos nacionales vinculados al mercado financiero.

Mientras tanto, el caso sigue creciendo.

La denuncia original se radicó luego de que un inversor detectara la desaparición de unos 2 mil millones de pesos de su cuenta. A partir de allí comenzaron a aparecer operaciones con empresas vinculadas, movimientos bursátiles cuestionados y transferencias bajo sospecha.

En paralelo, desde la propia Fiscalía reconocieron otra dificultad: la falta de especialistas técnicos para investigar delitos financieros de semejante complejidad.

“Necesitamos gente muy técnica”, admitió Alvo, quien reveló que ya solicitaron expertos en operaciones bursátiles y análisis financiero.

La pelea por el control del expediente recién empieza. Y en la causa más delicada del año, la grieta ahora no está solamente entre acusados y denunciantes: también atraviesa a quienes dicen representar a las víctimas.