El fiscal General de San Juan, Guillermo Baigorrí, confirmó que solicitará al Gobierno provincial la creación de nuevos cargos judiciales para reforzar el funcionamiento del sistema acusatorio y afrontar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzará a regir en septiembre.

En declaraciones a “En 0264 Radio”, el jefe de los fiscales reconoció que el Ministerio Público ya enfrenta dificultades operativas ante el crecimiento de investigaciones penales y advirtió que la situación podría agravarse con la nueva normativa impulsada por el presidente Javier Milei.

“Yo pediría 10 fiscales”, expresó Baigorrí, aunque admitió que probablemente el número final autorizado sea menor. A eso sumó entre “10 o 12 ayudantes fiscales”, funcionarios clave dentro del sistema acusatorio porque son quienes trabajan en la calle junto a la Policía y participan de los procedimientos e investigaciones iniciales.

Actualmente, el fiscal General explicó que debe reorganizar ayudantes fiscales entre distintas Unidades Fiscales de Investigación (UFI) según la demanda de cada área. “Hay muchas unidades fiscales que me piden un fiscal más y, fundamentalmente, ayudantes fiscales”, sostuvo.

El problema, según detalló, es estructural: no existen cargos disponibles dentro del Poder Judicial. “No tengo cargos”, admitió Baigorrí, al recordar que todos los puestos fueron ocupados cuando el sistema acusatorio se implementó de manera plena en febrero de 2024.

Por eso, adelantó que buscará plantearle al Ejecutivo la necesidad de incorporar nuevos cargos en la próxima ley de presupuesto. Para que eso ocurra, la Legislatura deberá aprobar una ley específica y el Gobierno provincial deberá garantizar las partidas salariales correspondientes.

La preocupación no responde únicamente al presente. El nuevo Régimen Penal Juvenil implicará un fuerte aumento de expedientes, ya que la ley establece que deberán investigarse todos los delitos cometidos por menores en conflicto con la ley penal. Además, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Hasta ahora, la normativa vigente permitía archivar causas vinculadas a delitos menores, sin violencia y sin impacto social relevante. Con el nuevo esquema, esos casos también deberán tramitarse judicialmente.

“Si instauramos un sistema acusatorio dentro del ámbito penal juvenil, es necesario crear más juzgados y muchas más fiscalías”, remarcó Baigorrí.

El funcionario explicó que el escenario ideal sería trasladar plenamente el modelo acusatorio al fuero juvenil, aunque reconoció que los tiempos políticos y presupuestarios podrían obligar a una transición. En ese caso, convivirían mecanismos del viejo sistema inquisitivo con nuevas herramientas alternativas de resolución de conflictos, como la reparación integral y la justicia restaurativa.

“Estamos preocupados”, reconoció el fiscal General, al señalar que ya mantuvo conversaciones con integrantes de la Corte de Justicia sobre el tema.

El antecedente más cercano no resulta alentador. En 2024, la Corte había impulsado un proyecto para crear 80 cargos judiciales destinados a reforzar el sistema acusatorio en áreas de fiscales, jueces y defensores oficiales. Sin embargo, la iniciativa perdió estado parlamentario y no volvió a ser enviada debido al contexto económico provincial.

Incluso otros proyectos judiciales vinculados a nuevos jueces y asesores oficiales permanecen frenados en la Cámara de Diputados sin avances legislativos.

Baigorrí también fue consultado sobre la posibilidad de implementar juicios por jurados en San Juan y se mostró cauto respecto a una puesta en marcha inmediata.

“La propuesta está muy buena, pero no es ni barato ni rápido”, afirmó. Según explicó, todavía falta reglamentar aspectos clave como la selección de jurados, además de garantizar infraestructura, capacitación y presupuesto.

Por eso, relativizó la idea de una aplicación rápida del sistema. “No es la panacea ni algo que podamos arrancar mañana”, concluyó.