Aunque en San Juan reconocen que la provincia necesita avanzar hacia una ley de cierre de minas, el Gobierno considera que todavía no es el momento de enviar un proyecto a la Cámara de Diputados. Así lo planteó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien aseguró que la prioridad es elaborar una norma “de clase mundial” y evitar apuros en un tema que calificó como “muy delicado”.

El funcionario explicó que desde hace más de un año el Ministerio trabaja en un proceso de legislación comparada, tomando como referencia modelos internacionales y manuales de buenas prácticas utilizados en países mineros como Canadá. Incluso, reveló que realizaron la traducción técnica de documentación específica para avanzar junto a especialistas en cierre de minas y profesionales del sector.

“San Juan tiene que contar con uno de los elementos principales como una ley de cierre, pero no sé si es el momento exacto”, sostuvo Perea en diálogo con el programa La Picada. Según explicó, el objetivo es evitar copiar normativas de otras jurisdicciones sin adaptarlas a la realidad geológica, territorial y productiva sanjuanina.

Actualmente, Santa Cruz es la única provincia argentina que cuenta con una ley específica de cierre de minas. En ese marco, el ministro dejó en claro que la Provincia podría avanzar incluso sin una ley nacional de presupuestos mínimos, aunque remarcó que el tema todavía está en una etapa preparatoria.

Perea insistió en que una eventual normativa debe construirse con respaldo técnico, científico y doctrinario, debido a las implicancias ambientales, económicas y operativas que tiene el cierre de un proyecto minero. “Si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien”, remarcó.

La ley de desarrollo local, más cerca

Mientras la discusión sobre el cierre de minas seguirá en estudio, el Gobierno sí avanza con otra herramienta considerada prioritaria para la segunda ola minera: la ley de desarrollo local minero.

El ministro confirmó que el proyecto ya está terminado y que será enviado a la Cámara de Diputados antes de fin de mes o, a más tardar, a comienzos de junio. La iniciativa busca ordenar y definir qué se considerará proveedor local, establecer objetivos de contratación y empleo sanjuanino y crear un registro obligatorio para las operadoras mineras.

Según detalló Perea, la norma diferenciará entre proveedores de comunidades cercanas a los proyectos, del resto de la provincia y del país. Además, incluirá metas progresivas de participación local tanto para proveedores como para empleo sanjuanino.

La iniciativa también contempla mecanismos de control y seguimiento para las empresas operadoras, que deberán justificar cuando no contraten servicios o bienes disponibles en la provincia. “Lo que nos hace falta es una ley que mida y equilibre”, afirmó el funcionario.

El proyecto tomó parte de propuestas impulsadas por el bloque bloquista y fue discutido con cámaras empresariales y representantes del sector minero en distintas reuniones realizadas en Iglesia y Jáchal, entre otros departamentos.