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Publicado el 17 de mayo de 2026 a las 13:01

El abogado Marcelo Arancibia volvió a meter presión sobre la investigación judicial por los caños del Acueducto Gran Tulum y apuntó directamente contra el Ministerio Público Fiscal, puntualmente contra Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, por la falta de definiciones, cuando el plazo de la investigación penal preparatoria vence a fines de mayo.
El letrado advirtió que, si la Justicia no comunica una prórroga antes de esa fecha, las defensas podrían pedir el archivo de la causa. “Si no dicen nada y se cumplen los 90 días, yo siendo abogado de esta gente pido el archivo. Muchachos, empiecen a hacer la prórroga”, lanzó.
Arancibia sostuvo que la discusión pública sobre si los caños “eran o no para agua potable” estuvo mal enfocada, aunque aseguró que eso no significa que las sospechas sean falsas. Según explicó, el punto clave pasa por el revestimiento interno de los caños y la vida útil para la que fueron comprados.
“Cuando vos construís un acueducto para 50 años, esos caños tienen un revestimiento químico especial, apto para agua potable y para que no contamine. También hay otros revestimientos más baratos, que duran tres o cuatro años y se usan para cloacas”, explicó.
Por eso, aseguró que la investigación debería centrarse en determinar qué tipo de revestimiento se adquirió realmente. “Acá la pregunta es cuál compraron: si el de 50 años para agua potable o el de tres o cuatro años que se usa para cloacas”, dijo.
También salió al cruce de quienes defendieron la obra apoyándose en certificaciones de Bureau Veritas. “Bureau Veritas certifica sobre declaración jurada, no sobre los caños en sí. Entonces hay que ver qué caños se pusieron”, afirmó.
El abogado dijo además que le preocupa el silencio del Ministerio Público Fiscal y puso en duda si el organismo cuenta con el respaldo técnico necesario para avanzar en una causa de este tipo. “No sé si tienen los técnicos necesarios para averiguar eso”, señaló.
En otro tramo, remarcó que podría haber responsabilidades penales por el manejo de los fondos públicos destinados a la obra. “Vos no podés endeudar a una provincia en 200 millones de dólares en obras que no están”, sostuvo.